Los casos que Costa Rica no habría conocido con el secreto de Estado
Edificio de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Casos y denuncias sobre espionaje político, seguimientos a opositores y posibles nexos con el crimen organizado en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) no habrían llegado a conocerse si el Gobierno hubiera aplicado antes la decisión de declarar "secreto de Estado" la información de esa entidad, la Fuerza Élite y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto que declara "secreto de Estado" la información, los documentos, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas de esas instituciones.
Uno de los casos más sonados fue la denuncia por negligencia en la investigación de amenazas externas contra el líder opositor nicaragüense Roberto Samcam, quien fue asesinado de al menos ocho disparos el 19 de junio de 2025 dentro de su apartamento en San Vicente de Moravia.
Samcam había denunciado públicamente la existencia de una red de sicarios y espías que operaba desde la Embajada de Nicaragua en San José. Además, desde 2019 alertó formalmente a la DIS sobre seguimientos sospechosos y la presencia de células de inteligencia militar de su país en Costa Rica.
La DIS justificó su actuación alegando que Samcam no aportó las "pruebas respectivas" y que la labor de protección correspondía al Poder Judicial.
Declaraciones cuestionadas
Cuando ocurrió el sicariato, el entonces director de la DIS, Jorge Torres Carrillo, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y aseguró bajo juramento que nunca recibió reportes de exiliados que afirmaran directamente que sus vidas corrían peligro.
No obstante, la Policía Judicial descubrió en la vivienda de Samcam una carta fechada el 15 de septiembre de 2019 que contradecía lo señalado por el jerarca.
El documento reveló que Samcam mantenía una relación cercana de cooperación con Torres y que el propio funcionario, cuando era subjefe de la DIS, lo llamó personalmente el 15 de diciembre de 2018 para advertirle que un grupo nicaragüense había ingresado al país con planes de secuestrarlo.
Asimismo, un oficial de la DIS de apellido Villegas le habría advertido repetidamente en 2018 y 2019 sobre atentados planificados en su contra por parte de la inteligencia militar nicaragüense. Entre estos figuraban planes de sicariato camuflados como entrevistas en hoteles de San José.
Espionaje político y uso de vehículos
El agente de la DIS Hans Sequeira fue investigado administrativamente por la colocación de un localizador GPS en el automóvil de una mujer allegada al entonces diputado oficialista Manuel Morales Díaz.
Morales denunció que Sequeira utilizó el aparato para acosar, seguir e intimidar a la mujer mediante recursos y tácticas de la DIS.
Al ser cuestionado en una comisión legislativa, Sequeira respondió de manera elusiva y evitó descartar de forma categórica que la entidad realizara seguimientos a legisladores.
Asimismo, el exdiputado Francisco Nicolás denunció que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) prestó 19 vehículos sin placas ni registros de bitácora a la DIS y otros 10 a la Unidad de Protección Presidencial (UPP).
Nicolás sostuvo que estos vehículos se utilizaron para operaciones encubiertas de espionaje político contra opositores del Gobierno.
La activista cívica Sylvia Ziesing denunció que tuvo que exiliarse de Costa Rica tras sufrir constantes seguimientos de vehículos de la DIS frente a su casa. Ziesing afirmó que la DIS interpuso una "denuncia falsa" en su contra por intento de magnicidio contra el entonces presidente Rodrigo Chaves.
La exdiputada Johana Obando, opositora al gobierno de Rodrigo Chaves, también denunció una situación similar. En su momento, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por vigilancias clandestinas en su contra, las cuales presumía que provenían de la DIS o de grupos oficialistas afines.
Otros cuestionamientos
El exdirector de la DIS, Jorge Torres Carrillo, fue denunciado ante el Ministerio Público por los delitos de divulgación de secretos, abuso de autoridad y peculado.
A Torres se le acusó de quebrantar el régimen de confidencialidad establecido en la Ley General de Policía al confirmar y detallar públicamente, ante medios de comunicación afines al Gobierno, información privada y sensible recolectada por la DIS.
Los datos estaban relacionados con amenazas de magnicidio contra el entonces presidente Chaves atribuidas a la ciudadana Stella Chinchilla, antes de que el caso fuera judicializado.
Asimismo, la DIS se vio envuelta en otra polémica por una delegación de funcionarios que viajó en mayo de 2025 para recibir adiestramiento por parte del Buró de Seguridad Nacional de Taiwán (BSN). Por ese caso, la Asamblea Legislativa citó al canciller del gobierno anterior, Arnoldo André Tinoco.
El Gobierno se negó a revelar el contenido del curso y la identidad de los agentes enviados, en medio de cuestionamientos debido a que Costa Rica no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán.
Además, el nombramiento de Pablo Martínez Bertozzi, de 36 años, como director de la DIS en junio de 2026 generó críticas de expertos en seguridad debido a su falta de trayectoria técnica en inteligencia estratégica y análisis geopolítico.
Los cuestionamientos surgieron debido a que Martínez se preparó como diácono transitorio eclesiástico en Bogotá hasta 2019, se incorporó al Colegio de Abogados seis meses antes de asumir el puesto y su experiencia previa incluía labores de asesoría política en Casa Presidencial.
Informe policial sobre 122 oficiales
Otro caso polémico fue el de un informe confidencial que, aunque no fue elaborado por la DIS, estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El documento advertía sobre posibles vínculos de 122 oficiales de la Zona Sur con actividades relacionadas con narcotráfico, contrabando y trata ilícita de migrantes.
El reporte recopila los resultados de una verificación de antecedentes solicitada por la propia Dirección General de la Fuerza Pública ante sospechas de una posible infiltración del crimen organizado en la Zona Sur.
De acuerdo con el informe, 27 oficiales mantenían vínculos con estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Entre las conductas descritas figuran el uso de patrullas y recursos estatales para escoltar cargamentos, el apoyo logístico para el traslado de drogas y la coordinación de aterrizajes clandestinos de aeronaves para facilitar el ingreso de estupefacientes.
El documento también señala que algunos funcionarios habrían participado en redes dedicadas a la trata ilícita de migrantes que operan en la frontera sur.