Abogados ven inconstitucional decreto de secreto de Estado sobre la DIS y Fuerza Élite

Tres abogados penalistas consideran que el decreto ejecutivo que declara "secreto de Estado" la información, documentos, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas relacionados con la seguridad nacional podría ser inconstitucional. Además, advierten que se trata de un antecedente peligroso para una democracia en la que debe prevalecer la transparencia.

El abogado Rodolfo Brenes argumentó que en una democracia existe un principio establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocido como "máxima divulgación".

Esto significa que, en principio, toda la información de interés público en poder del Estado se presume de acceso público. El objetivo es que la ciudadanía pueda informarse de la manera más amplia posible sobre los asuntos del Estado.

Sin embargo, existe la posibilidad de que, en casos excepcionales, se limite el derecho de acceso a la información por circunstancias previstas en la ley. Esto debe hacerse bajo reglas claras que establezcan en cuáles casos procede, por qué plazo y mediante qué procedimiento.

Sin regulación

No obstante, el abogado detalló que Costa Rica no cuenta con dicha regulación, a pesar de que la Sala Constitucional sí creó la figura del "secreto de Estado".

Brenes considera que este decreto lesiona la libertad de expresión e impide el acceso a información de interés público.

"La libertad de expresión es un derecho fundamental, entonces solamente se puede afectar por medio de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Esa ley no existe en Costa Rica", dijo el abogado.

De acuerdo con el jurista, el ámbito de aplicación que promueve el Poder Ejecutivo es tan vasto que, en realidad, limita cualquier posibilidad de control ciudadano sobre las actuaciones del Estado, y "eso en una democracia tampoco se puede".

"Hay que tener cuidado…"

Por su parte, Gerardo Huertas considera que hay que tener mucho cuidado con la figura que promueve el Poder Ejecutivo, pues no cualquier tema puede ser declarado "secreto de Estado".

El abogado expuso que esta figura no se puede utilizar a la ligera, pues entra en conflicto con el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

Huertas mostró preocupación por el momento en que se publicó el decreto, justo cuando salió a la luz un informe de inteligencia que vincula a 122 policías de la Zona Sur con actividades relacionadas con el crimen organizado.

"Me preocupa que estén tratando de utilizar, mal utilizar, la figura del secreto de Estado como una forma de encubrir actos de corrupción cometidos por funcionarios adscritos al Ejecutivo", comentó.

El jurista comparte la opinión de que la amplitud de este decreto genera una alta probabilidad de que la Sala Constitucional lo considere inconstitucional.

"Un antecedente que es preocupante…"

Rodolfo Brenes recalcó que, en su opinión, se trata de un antecedente preocupante, pues en una democracia la norma debe ser la transparencia.

Si bien considera que, en un contexto de criminalidad organizada, puede ser necesario mantener alguna información fuera del conocimiento público, cuestiona que este decreto "se emite sin fundamento en una ley y de una manera amplísima".

El abogado también cuestionó cuál podría ser la justificación para ocultar los presupuestos utilizados. A su criterio, esto limita la posibilidad de que la ciudadanía investigue y controle cómo se ejerce ese poder.

"Entre más esferas de la acción del Estado queden fuera del control ciudadano hay mayores posibilidades de abusos y corrupción", insistió.

"Las sociedades donde hay menos corrupción es donde es más transparente el ejercicio de la función pública", agregó.

El litigante finalizó instando a los periodistas y a la ciudadanía a recurrir ante la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre este asunto, pues considera que la medida es inconstitucional.

No todo puede encasillarse como seguridad nacional

El abogado y exfiscal general Francisco Dall'Anese considera que el decreto es "totalmente inconstitucional", porque el Poder Ejecutivo no tiene competencia para determinar qué es o qué no es secreto de Estado. Según explicó, esa decisión solo puede tomarla la Asamblea Legislativa mediante reserva de ley.

Dall'Anese recalcó que el decreto no especifica cuáles asuntos concretos de la DIS y de la llamada "Fuerza Élite" corresponden a materias como la seguridad nacional, la defensa del país y las relaciones internacionales.

Además, extiende la reserva a asuntos presupuestarios y de contratación pública, lo que, según insistió, es "absolutamente inconstitucional".

El exfiscal recalcó que no todo lo relacionado con la DIS o con la "Fuerza Élite" puede encasillarse automáticamente como seguridad nacional o defensa del país.

"Si la DIS se utiliza, por ejemplo, como policía política, no podría bajo concepto alguno clasificar como seguridad nacional o defensa del país. Por eso no puede cerrarse herméticamente, en bloque, todo lo relativo a inteligencia y seguridad nacional bajo la restricción del secreto de Estado", explicó.

¿Qué información se restringe?

El decreto establece restricciones sobre diferentes tipos de información relacionada con las operaciones de seguridad:

• Tácticas y dinámicas policiales: las formas de operación de la delincuencia organizada, las dinámicas de prospección y despliegue policial, las capacidades operativas, los procedimientos especiales, los planes de respuesta, los protocolos de intervención, los recursos tecnológicos y los mecanismos de inteligencia.
• Documentación interna: las sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos concretos, bitácoras y presentaciones sobre estrategias de las entidades involucradas.
• Finanzas e inversiones: los planes presupuestarios, partidas y rubros de inversión económica destinados a la seguridad y defensa del país.
• Contratación pública: la totalidad de los expedientes administrativos de compras públicas, incluidos estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamiento y fases de ejecución contractual, promovidos para estos órganos o en su beneficio.
• El decreto protege esta información independientemente de si los contratos se celebran con entidades públicas del Estado, consorcios o empresas privadas, nacionales o extranjeras.

La medida abarca información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo gubernamental denominado "Fuerza Élite".