Ministro denunciará a exjefes policiales del gobierno de Chaves por informe sobre nexo criminal de oficiales
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, denunciará al exdirector de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, y al exviceministro de Seguridad, Eric Lacayo, por presuntamente ocultar un informe confidencial que advertía sobre supuestos vínculos de 122 oficiales de la Zona Sur con actividades relacionadas con narcotráfico, contrabando y trata ilícita de migrantes.
Cubillo y Lacayo ocuparon esos cargos durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves.
Según Campos, el informe advertía de los riesgos desde el 14 de abril del presente año; sin embargo, aseguró que la actual administración no tuvo conocimiento del documento hasta ahora. Esta afirmación contrasta con las declaraciones tanto del expresidente Chaves como de la presidenta Laura Fernández, quienes han señalado que el actual Gobierno representa un "continuismo" de la administración anterior.
El jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) indicó que, tras conocer el contenido del informe, verificaron que varios de los oficiales mencionados ya figuran en investigaciones por presuntos hechos de corrupción. No obstante, también manifestó su preocupación por la filtración del documento, al considerar que podría alertar a las personas investigadas y afectar las pesquisas.
Campos agregó que contra Cubillo y Lacayo impulsará procedimientos disciplinarios con el objetivo de solicitar su despido, además de presentar las denuncias correspondientes por la vía judicial. Afirmó que esas mismas acciones se aplicarán a cualquier integrante de los cuerpos policiales que, según dijo, incurra en conductas que comprometan la integridad de la institución.
El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa celebrada este miércoles 5 de agosto en Casa Presidencial.
¿Qué dice el informe?
El documento corresponde a un informe confidencial elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del MSP. Según la institución, el reporte recopila los resultados de una verificación de antecedentes solicitada por la propia Dirección General de la Fuerza Pública ante sospechas de una posible infiltración del crimen organizado en la Zona Sur.
De acuerdo con el informe, 27 oficiales presuntamente mantenían vínculos con estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Entre las conductas descritas figuran el presunto uso de patrullas y recursos estatales para escoltar cargamentos, apoyo logístico al traslado de drogas y coordinación de aterrizajes clandestinos de aeronaves —conocidos en la Zona Sur como "avionetazos"— para facilitar el ingreso de estupefacientes. El documento también señala que algunos funcionarios habrían participado, presuntamente, en redes dedicadas a la trata ilícita de migrantes que operan en la frontera sur.
Asimismo, la DIAC sostiene que la mayor infiltración se concentraría en el contrabando de licor. Según el informe, 44 policías tendrían presuntos vínculos con una organización criminal conocida como "Los Whiskeros", dedicada al ingreso y distribución ilegal de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con la inteligencia policial, esos oficiales coordinaban desplazamientos de vehículos, alertaban sobre retenes, compartían información reservada sobre operativos y, en algunos casos, brindaban custodia a cargamentos ilegales a cambio de pagos.
Como parte del análisis, la Unidad de Inteligencia atribuye la vulnerabilidad de algunos funcionarios a problemas económicos y a deficiencias en la supervisión por parte de los mandos medios en la Zona Sur. El informe concluye que esas condiciones habrían facilitado la infiltración del crimen organizado y recomienda adoptar medidas para desarticular las presuntas redes de colaboración.
Entre las acciones valoradas por la Dirección General de la Fuerza Pública figuraban la reubicación de los funcionarios señalados para afectar la logística de las organizaciones criminales, así como el traslado de los antecedentes a las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes.
