Informe advierte posible nexo de 122 policías de la Zona Sur con narco, contrabando y trata
Un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) identificó a 122 policías de la Fuerza Pública destacados en la Dirección Regional Brunca Sur como personas de interés por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, el contrabando de licor y la trata ilícita de migrantes.
El documento, del que este medio tiene copia, dirigido al entonces director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, recoge el resultado de una verificación de antecedentes solicitada por la propia Dirección General ante sospechas de infiltración del crimen organizado en esa región del país.
De acuerdo con el reporte de inteligencia, revelado por La Nación, al menos 27 oficiales presuntamente colaboraban con estructuras dedicadas al trasiego internacional de drogas.
Entre las actividades detectadas figuran escoltas a cargamentos utilizando patrullas y recursos estatales, apoyo logístico para el traslado de droga y coordinación de aterrizajes clandestinos de aeronaves —conocidos en la Zona Sur como "avionetazos"— para facilitar el ingreso de cargamentos de estupefacientes. El informe también atribuye a algunos funcionarios una presunta participación en redes de trata ilícita de migrantes que operan en la frontera sur.
Policías presuntamente vinculados con crimen organizado
Policías en contrabando
La DIAC señala, además, que la mayor infiltración se concentraría en el contrabando de licor. Según el documento, al menos 44 policías mantenían presuntos vínculos con una organización criminal conocida como "Los Whiskeros", dedicada al ingreso y distribución ilegal de bebidas alcohólicas. Los oficiales, según la inteligencia policial, coordinaban desplazamientos de vehículos, alertaban sobre retenes, compartían información reservada sobre operativos y, en algunos casos, brindaban custodia a cargamentos ilegales a cambio de pagos.
Uno de los apartados del informe identifica a un oficial de apellido Moya como supuesto articulador de la estructura dentro de la Fuerza Pública. Con base en información aportada por fuentes humanas, la DIAC sostiene que el funcionario presuntamente reclutaba a otros policías para colaborar con organizaciones criminales y coordinaba la utilización de personal y recursos institucionales según las necesidades de esas agrupaciones.
Presunta estructura criminal de policías incluida en el informe de inteligencia.
El documento también menciona a un oficial de apellido Vásquez, quien presuntamente solicitaba información sobre personas con órdenes de captura para advertirles antes de que fueran detenidas. Asimismo, señala que varios de los funcionarios investigados mantenían nexos con un supuesto líder criminal, Michael Corella Amador, alias "Rojo", quien permanece en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
Como parte del análisis, la Unidad de Inteligencia atribuye la vulnerabilidad de algunos funcionarios a problemas económicos y a una deficiente supervisión de los mandos medios en la Zona Sur. El informe advierte que esas condiciones facilitaron la infiltración del crimen organizado y recomienda adoptar medidas para desarticular las presuntas redes de colaboración.
Entre las acciones valoradas por la Dirección General de la Fuerza Pública figuraban la reubicación de los funcionarios señalados para afectar la logística de las organizaciones criminales, así como el traslado de los antecedentes a las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes.
Otros vínculos de policías
Los presuntos vínculos entre oficiales de la Fuerza Pública y estructuras dedicadas al contrabando fueron advertidos en un informe de inteligencia divulgado por CR Hoy en junio.
El documento de inteligencia revelado por este medio describía la operación de varias organizaciones que introducen licor y cigarrillos desde Panamá hacia Costa Rica utilizando rutas de la Zona Sur.
Según ese informe confidencial, sustentado en información aportada por un colaborador y que, por su naturaleza, requiere corroboración mediante otros medios de prueba, en el cantón de Coto Brus operaría un grupo conocido como "Los Sanviteños", mientras que en Río Claro de Golfito lo haría otra estructura denominada "Los Valientes".
En el caso de Corredores, el reporte indicaba que el contrabando sería ejecutado por personas que operaban de forma independiente y no como una organización claramente estructurada.
Disputa entre contrabandistas en Paso Canoas
La inteligencia policial señalaba que estas estructuras adquirían licor y cigarrillos en comercios ubicados del lado panameño de Paso Canoas y luego trasladaban la mercancía a casas de seguridad en sectores como Cuervito y La Cuesta. Posteriormente, los cargamentos eran movilizados hacia Chacarita de Puntarenas para distribuirlos a distintos puntos del país, entre ellos San José, Alajuela, Quepos, Ciudad Quesada, La Fortuna y Liberia.
El documento también describía una logística para evadir a las autoridades. De acuerdo con la información recopilada, los grupos utilizaban vehículos de avanzada, escoltas y automóviles que cerraban la caravana para alertar sobre retenes policiales, obstaculizar el paso de las patrullas y facilitar la huida de los vehículos que transportaban el contrabando. Además, aseguraba que la coordinación se realizaba mediante grupos de WhatsApp y que las cargas se movilizaban de forma escalonada para reducir las pérdidas en caso de decomisos.
El informe advertía, además, que la disputa por el control de las rutas del contrabando habría provocado enfrentamientos armados entre estas organizaciones e incluso intentos de sicariato. No obstante, el propio documento aclaraba que se trata de información de inteligencia, de carácter confidencial, que no constituye prueba judicial y que su contenido debe ser corroborado mediante investigación y otros elementos probatorios antes de utilizarse en un proceso penal o administrativo.