Denuncian a Rodrigo Chaves y a exjerarca del INA por desviación de fondos en contrato con Open English

Un abogado denunció penalmente al examandatario Rodrigo Chaves Robles y al expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Christian Rucavado Leandro, por una posible desviación o distracción de fondos públicos destinados a la enseñanza del inglés. La denuncia también incluye al actual presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo Blanco, quien asumió el cargo en mayo de 2026.

El caso gira en torno a la contratación que hizo el INA para ofrecer enseñanza de inglés mediante el consorcio Say Pura Vida By Open Education & RACSA, bajo un esquema de licencias de acceso a una plataforma virtual operada por Open English.

La denuncia cuestiona si, antes de adjudicar el servicio, existieron estudios técnicos suficientes para demostrar la eficacia pedagógica del modelo. También cuestiona si el INA estableció controles para determinar cuántas personas utilizaron las licencias, completaron los cursos, mejoraron su nivel de inglés u obtuvieron resultados verificables.

También pide esclarecer el monto total de fondos públicos comprometidos y pagados, así como determinar si existió alguna influencia política para orientar la contratación hacia el proveedor privado.

La denuncia ingresó la mañana de este lunes 10 de agosto ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, según la documentación a la que tuvo acceso CR Hoy.

El comprobante del Poder Judicial describe el caso como una "Solicitud de investigacion Penal contra Rodrigo Chaves Robles por posible desviacion de fondos del INA".

El abogado José Eduardo Vargas Rivera presentó la gestión y solicitó investigar eventuales delitos relacionados con la contratación, administración, supervisión y control de recursos del INA destinados a servicios para la enseñanza del inglés.

La denuncia menciona como posibles delitos el tráfico de influencias, favorecimiento real y peculado. Sin embargo, el propio documento aclara que no atribuye anticipadamente responsabilidad penal a ninguna persona y solicita al Ministerio Público determinarlo.

Al cierre de esta nota el Ministerio Público mantenía en trámite una consulta enviada por CR Hoy para conocer a cuál despacho se le asignará el caso, dado que hay miembros de los Supremos Poderes involucrados.

INA y contrato de Open English

Según el documento presentado ante la Fiscalía, la Junta Directiva del INA adjudicó el servicio al consorcio Say Pura Vida By Open Education & RACSA mediante un esquema de licencias de acceso a una plataforma de aprendizaje virtual.

El denunciante solicitó determinar si existieron controles suficientes sobre el uso de esas licencias y, principalmente, sobre los resultados obtenidos por los estudiantes.

La gestión cuestiona una aparente ausencia de estudios técnicos previos que permitieran determinar la eficacia pedagógica del modelo de autoestudio para la población beneficiaria.

También plantea dudas sobre la diferencia entre la cantidad de licencias adquiridas o habilitadas y los resultados verificables del programa. Por esa razón, pide investigar cuántas personas terminaron los cursos, alcanzaron un nivel funcional de inglés, obtuvieron alguna certificación reconocida o consiguieron una inserción laboral vinculada con la capacitación.

Uno de los aspectos que deberá determinar la Fiscalía, si admite y desarrolla la investigación, corresponde al monto exacto de recursos públicos comprometidos y efectivamente pagados.

La denuncia menciona un contrato por aproximadamente $74 millones anuales durante cuatro años y un costo cercano a $80 por licencia. No obstante, el denunciante advierte que otros datos públicos describen la contratación como un esquema bajo demanda, por lo que solicita reconstruir el monto adjudicado, las reservas presupuestarias, órdenes de compra, facturas y pagos realizados.

Eventual influencia de Rodrigo Chaves

La denuncia pide investigar específicamente la participación de Chaves debido a su condición de presidente de la República cuando anunció públicamente la estrategia de bilingüismo.

El denunciante solicita establecer si Chaves utilizó su posición jerárquica o ejerció influencia política para incidir en decisiones o contratos del INA. El documento aclara expresamente que esa circunstancia deberá comprobarla o descartarla el Ministerio Público.

La gestión también solicita investigar a Christian Rucavado Leandro, quien ejerció como presidente ejecutivo del INA durante la etapa de adjudicación y el inicio de la ejecución del contrato.

Otro de los elementos incluidos en la denuncia corresponde a la salida del expresidente ejecutivo del INA Juan Alfaro López. El documento cita información pública según la cual Chaves solicitó al Consejo de Gobierno su destitución el 27 de agosto de 2024, alegando falta de avances significativos en la estrategia de bilingüismo.

El denunciante considera que ese antecedente amerita investigar si existieron presiones, instrucciones o influencias políticas sobre funcionarios del INA relacionadas con la ejecución de la estrategia y la contratación. El escrito recalca que la destitución, por sí sola, no permite inferir la comisión de un delito.

Reconstruir el recorrido del dinero

Entre las diligencias solicitadas figura reconstruir la totalidad de los fondos públicos comprometidos y pagados hasta el 8 de agosto de 2026, con información sobre su destino, justificación y contraprestación.

El denunciante pide obtener el expediente completo de contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), así como estudios, ofertas, criterios técnicos y legales, recomendaciones, resoluciones, contratos, adendas, garantías, órdenes de compra y actas relacionadas con la ejecución.

También pretende que las autoridades determinen cuántas licencias adquirió el INA, cuántas personas las activaron, cuántas permanecen activas, cuántas no registran uso y cuántos beneficiarios terminaron o abandonaron el programa. Además, solicita calcular el costo público por licencia y por persona que efectivamente completó la capacitación.

La denuncia plantea como hipótesis que la política de cobertura masiva pudo provocar una transferencia de recursos públicos hacia una solución privada sin controles técnicos ni mecanismos suficientes para medir resultados.

Piden valorar allanamiento al INA

Vargas también solicitó al Ministerio Público valorar la posibilidad de pedir a un juez una orden de allanamiento, registro y secuestro de evidencia en oficinas del INA si resulta necesario para preservar documentos y archivos digitales.

La petición comprende áreas como Presidencia Ejecutiva, Proveeduría, departamentos técnicos, archivos y tecnologías de información. El objetivo, según la denuncia, sería resguardar el expediente contractual, comunicaciones, bases de datos sobre licencias y beneficiarios, facturas, pagos, auditorías y otros documentos relacionados con la contratación.

Además, el denunciante solicitó recibir las declaraciones del exjerarca Juan Alfaro López y de la exintegrante de la Junta Directiva del INA Eleonora Badilla Saxe, así como de funcionarios que participaron en la adjudicación y de representantes de RACSA y del proveedor privado.

Finalmente, la petición solicita que, si la investigación encuentra indicios de tráfico de influencias, peculado, fraude de ley con relevancia penal u otros ilícitos, el Ministerio Público determine las responsabilidades correspondientes.