Candidata a Sala III: Reforma penal juvenil debe considerar vulnerabilidad de menores reclutados por el narco

18 de Nov. 2026 | 10:22 am
Sidey Salazar, postulante a magistrada de la Sala Tercera

Sidey Salazar, postulante a magistrada de la Sala Tercera

La postulante a magistrada de la Sala Tercera, Sidey Salazar, afirmó que cualquier reforma al régimen penal juvenil debe respetar los derechos de los menores de edad y tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan.

Así lo manifestó este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso de postulación para ocupar una magistratura en la Sala Tercera.

Salazar consideró que no se debe impulsar una reforma general al proceso penal juvenil, pues este régimen es diferenciado precisamente porque los menores de edad se encuentran en una etapa de desarrollo físico, mental y emocional.

Explicó que durante esa etapa pueden existir condiciones de inmadurez, impulsividad y una mayor necesidad de pertenencia, factores que las redes criminales aprovechan para reclutarlas, especialmente cuando enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

La postulante señaló que esta realidad permite trabajar con los menores de edad en la construcción de un proyecto de vida y un cambio de rumbo. Sin embargo, reconoció que es necesario introducir algunas reformas ante una realidad criminológica distinta, marcada por la participación de menores de edad en estructuras de crimen organizado.

Según explicó, la captación de esta población está relacionada con factores como la pobreza, la exclusión educativa y el abandono familiar.

Advirtió que los menores de edad involucradas en estas estructuras enfrentan una doble condición: deben responder penalmente por los delitos que cometen, pero también pueden ser víctimas de explotación por parte de las organizaciones criminales.

Medidas cautelares y fin educativo

Entre las reformas que planteó, Salazar mencionó la posibilidad de solicitar medidas cautelares antes de que se formule la acusación. Explicó que actualmente se requiere contar con prueba acusatoria para pedirlas.

A su criterio, esta posibilidad debería analizarse en casos relacionados con criminalidad organizada, pluralidad de víctimas o participación de adultos.

Consultada sobre las propuestas que se discuten en la Asamblea Legislativa para aumentar las penas a menores de edad que cometen delitos, señaló que la decisión corresponde a los diputados. Pero, insistió en que cualquier sanción debe mantener un fin educativo y que es necesario diferenciar entre los delitos comunes y aquellos vinculados con el crimen organizado.

Recordó que ninguna reforma al sistema penal sustituye la prevención. Esta debe comenzar desde el nacimiento, mediante la identificación temprana de personas que crecen en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Advirtió que las posibilidades de prevenir la vinculación con estructuras criminales se reducen cuando las personas enfrentan carencias educativas y condiciones mínimas de salud.