Oficialismo ignora advertencias de Contraloría y aprueba liquidación de presupuesto
La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) ignoró un criterio adverso de la Contraloría General de la República (CGR) y aprobó un informe de mayoría sobre la liquidación del presupuesto del Gobierno correspondiente a 2025.
La liquidación presupuestaria es el informe que muestra cómo terminó ejecutándose el presupuesto público aprobado para ese año.
Dicho informe lo rechazaron los diputados de PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Criterio adverso de la Contraloría
El órgano contralor emitió un criterio adverso sobre la liquidación del presupuesto nacional de 2025, debido a que la información reportada y auditada contiene errores significativos.
Así lo señaló la jerarca de la institución, Marta Acosta, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde explicó el dictamen técnico sobre la liquidación.
Según Acosta, los errores detectados son materiales y generalizados y afectan de manera agregada la totalidad de la información auditada.
La Contraloría fundamentó su opinión en los siguientes aspectos:
- Recursos por ₡28.724 millones no incluidos en el presupuesto como ingresos, lo que afecta la integridad de los saldos y la calidad de la información.
- En el sistema Tribu-CR se aplicaron ₡234.826 millones en saldos a favor durante el último trimestre de 2025; sin embargo, la base de datos reporta ₡236.165 millones. Esta diferencia se debió a incidentes o reclamos de los contribuyentes, de los cuales 805 casos permanecen pendientes de resolución.
- El Ministerio de Hacienda no ha realizado el análisis técnico-jurídico necesario para definir el tratamiento presupuestario de los ingresos adicionales recaudados por fideicomisos u otras instituciones.
- Gastos sin registrar por ₡530.437 millones y otras situaciones que afectan la integridad y la calidad de la información financiera, lo que genera un déficit financiero del Gobierno Central subestimado en al menos un 0,9 % del producto interno bruto (PIB).
Algunos de esos gastos sin registrar corresponden a:
- Facturas por cuotas estatales, convenios, leyes especiales y otros conceptos no registradas a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por ₡450.621 millones.
- Indemnizaciones, prestaciones legales y cuotas estatales pendientes de registrar por ₡10.331 millones.
- Gastos no registrados por ₡68.925 millones, principalmente por falta de contenido presupuestario y de parametrización del Sistema Integra II, administrado por el Ministerio de Hacienda.
- En el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), ₡5.825 millones correspondientes a posibles sumas giradas de más y ₡259 millones adeudados a acreedores.