Denuncian penalmente a Chaves y a Fernández por nombramiento ilegal del director de la DIS
El diputado de Frente Amplio, Antonio Trejos Mazariegos, presentó este jueves 15 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta Laura Fernández Delgado. El legislador cuestiona presuntas irregularidades en el nombramiento de Pablo Esteban Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
El diputado pide investigar la posible comisión del delito de nombramientos ilegales, que contempla el artículo 344 del Código Penal. Según su denuncia, Martínez Bertozzi asumió la dirección de ese cuerpo policial sin el rango mínimo de comisionado que exige la Ley General de Policía.
Trejos solicitó al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, que investigue la eventual participación de Chaves y Fernández en el procedimiento administrativo que culminó con el nombramiento, vigente desde el 1.º de junio de 2026.
En el documento el diputado cuestiona que el Poder Ejecutivo designara a una persona sin el requisito policial obligatorio, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió expresamente sobre esa exigencia años atrás.
La denuncia se apoya, entre otros elementos, en una investigación que CR Hoy publicó el 2 de setiembre. En ella, Casa Presidencial confirmó que Martínez Bertozzi no ostenta ningún rango policial.
En una respuesta brinda a esta medio el Gobierno justificó el nombramiento con el artículo 62 de la Ley General de Policía y el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS. Sin embargo, el diputado sostiene que esas disposiciones no permiten dejar sin efecto los requisitos mínimos que establece la ley.
Injerencia de Chaves y Fernández
Pablo Martínez Bertozzi, director de la DIS, saluda a Laura Fernández, presidenta de la República. CRH
Trejos pide determinar la eventual participación de Chaves en el procedimiento administrativo, pues ocupaba el cargo de ministro de la Presidencia cuando se realizó el nombramiento.
En el caso de Fernández, solicita investigar su intervención, como presidenta de la República, en la decisión de designar a Martínez Bertozzi. También pide identificar a otros funcionarios que participaron en la elaboración, la revisión y la aprobación del nombramiento.
Una de las principales dudas que plantea el legislador es si Chaves y Fernández sabían que Martínez Bertozzi no tenía el grado policial que exige la ley al asumir el cargo. Para aclararla, propone revisar los informes jurídicos, los estudios de idoneidad, las recomendaciones y las certificaciones que usó Casa Presidencial para justificar la designación.
El artículo 344 del Código Penal establece: "Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales."
Con la denuncia, el diputado busca que el Ministerio Público determine si los jerarcas actuaron conforme al ordenamiento jurídico o si existen elementos para atribuirles responsabilidades penales.
Presidencia conocía criterio de la Procuraduría
Uno de los argumentos centrales de la denuncia es que el Ministerio de la Presidencia recibió, desde 2020, un dictamen de la Procuraduría que establecía expresamente el requisito policial para dirigir la DIS.
Se trata del dictamen C-114-2020, que la PGR emitió el 31 de marzo de ese año en respuesta a una consulta del propio Ministerio de la Presidencia. En ese pronunciamiento, la Procuraduría determinó que los directores de los cuerpos policiales, incluida la DIS, deben ostentar como mínimo el grado de comisionado, mientras que los subdirectores deben tener el grado de comandante.
Según el diputado, este criterio no surgió a raíz de la controversia actual, sino seis años antes del nombramiento. Además, cita los dictámenes C-239-2014, C-091-2016 y C-171-2021, que reiteraron la obligatoriedad de los rangos policiales.
Para Trejos, estos antecedentes justifican investigar si los funcionarios de Presidencia conocían la exigencia legal antes de nombrar a Martínez Bertozzi.
Seguridad Pública confirmó la ausencia de rango
Pablo Martínez Bertozzi
La denuncia también incorpora una respuesta del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), emitida el 4 de setiembre de 2026 mediante el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-11494-2026. En ese documento, el MSP explicó el procedimiento para reconocer grados policiales y aportó una lista de los funcionarios que ostentan, como mínimo, los rangos de comisionado y comandante.
Según la documentación que aportó el diputado, Martínez Bertozzi no aparece en ese registro. Este dato se suma a la confirmación que Casa Presidencial dio a CR Hoy.
Trejos solicita que la Fiscalía requiera una certificación oficial para establecer si Martínez Bertozzi tenía el grado de comisionado cuando asumió el cargo. De existir, la certificación debería indicar cuándo lo obtuvo y qué autoridad se lo otorgó.
El legislador también considera necesario investigar una reforma reglamentaria de la Administración anterior. El 11 de julio de 2024, Rodrigo Chaves, entonces presidente de la República, y Laura Fernández, quien ocupaba el Ministerio de la Presidencia, firmaron el Decreto Ejecutivo N.º 44637-MP.
Según la denuncia, esa reforma permite al presidente y al ministro de la Presidencia otorgar grados policiales a funcionarios de la DIS y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) mediante acuerdos ejecutivos. El diputado cuestiona, en particular, que el Ejecutivo pueda conceder esos rangos de forma discrecional, sin una recomendación técnica previa.
Por esa razón, pide determinar si el Gobierno utilizó ese mecanismo para otorgar un grado policial a Martínez Bertozzi antes o después de su nombramiento. La denuncia no afirma que el Gobierno haya usado ese procedimiento; solo pide a la Fiscalía verificarlo.
Diputado solicita abrir investigación penal
En su petición al fiscal general, Trejos solicita admitir la denuncia, abrir una investigación penal y requerir el expediente administrativo completo del nombramiento.
También pide incorporar como prueba el dictamen C-114-2020 de la Procuraduría, la respuesta de Casa Presidencial a CR Hoy y la documentación del Ministerio de Seguridad Pública. Además, pide recibir declaraciones de los funcionarios que participaron en el procedimiento.
Con ello, el legislador pretende que el Ministerio Público determine las responsabilidades que eventualmente correspondan a Chaves, a Fernández y a cualquier otro funcionario involucrado.
El nombramiento de Martínez Bertozzi también motivó una gestión ante la Procuraduría de la Ética Pública, por los mismos cuestionamientos sobre el incumplimiento del rango policial obligatorio.