Sala IV anula restricciones del MEP a la libertad de expresión política de docentes
Edificio de la Sala IV en San José. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
La Sala VI anuló varias restricciones de la directriz del MEP que limitaba la libertad de expresión de los docentes al abordar temas políticos en los centros educativos.
Los magistrados consideraron que algunas de las prohibiciones del Ministerio de Educación Pública eran poco claras y podían afectar la forma en que los educadores desarrollan sus clases.
Entre las medidas anuladas está la que prohibía utilizar clases, tareas, exámenes y proyectos para favorecer o criticar partidos políticos, candidatos, figuras públicas o determinadas posiciones políticas.
También se eliminó la restricción sobre el uso de ejemplos, preguntas y contenidos que llevaran a una conclusión política definida previamente por el docente cuando se apartaran de los programas educativos.
Otra de las disposiciones obligaba a presentar distintas fuentes y puntos de vista de manera equilibrada y evitar la selección de materiales considerados sesgados.
Tras la decisión, el MEP deberá dejar de aplicar las restricciones anuladas y comunicar el cambio a los centros educativos y demás destinatarios de la directriz.
Otras medidas eliminadas
La Sala también dejó sin efecto las expresiones "captación" y "adoctrinamiento ideológico" que podían utilizarse para impedir el ingreso o permanencia de personas ajenas a los centros educativos.
Además, anuló la prohibición de utilizar la autoridad docente para beneficiar o perjudicar determinadas posiciones ideológicas y la orden general de registrar y reportar posibles incumplimientos de la directriz.
Prohibiciones que se mantienen
La decisión no modifica las prohibiciones de hacer propaganda electoral, promover partidos políticos, presionar a otros por motivos políticos o utilizar recursos públicos para favorecer a agrupaciones políticas en los centros educativos.
El MEP podrá seguir investigando estas conductas cuando estén prohibidas por las leyes y los reglamentos vigentes.
El Estado también deberá pagar los gastos del proceso y los daños y perjuicios que correspondan.
La sentencia completa todavía está pendiente de redacción, según informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.