Vuelo de drones sobre residencial cercano al CACCO vulneraría derechos, advierten abogados
Los abogados Manrique Jiménez y Marvin Carvajal advirtieron una posible vulneración de derechos constitucionales por el uso de drones cerca del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
Las aeronaves, equipadas con altoparlantes, sobrevolaron residenciales cercanos al complejo La Reforma durante la inauguración del centro penitenciario. Cuando los operadores observaban personas en balcones o frente a ventanas, reproducían el siguiente mensaje: "Señor o señora condómina, por favor ingrese a su apartamento. Zona restringida".
Ambos juristas consideran que existen indicios de una afectación al derecho de propiedad y a la libertad de tránsito. Explicaron que las personas tienen derecho a disfrutar de su propiedad privada y a desplazarse libremente por el país.
Aunque las autoridades pueden imponer restricciones temporales, los abogados recalcaron que estas deben responder a emergencias o situaciones excepcionales, estar debidamente fundamentadas y aplicarse durante un periodo determinado.
Marvin Carvajal señaló que las autoridades deberán explicar lo ocurrido para determinar si las condiciones durante la inauguración justificaban una medida excepcional. Sus declaraciones surgen después de que habitantes de uno de los residenciales anunciaran que presentarían un habeas corpus ante la Sala Constitucional.
Carvajal también recordó que el uso de drones está regulado tanto para particulares como para las autoridades, precisamente para evitar que esta tecnología afecte los derechos de las personas.
El abogado considera que el habeas corpus constituye una vía jurídica que permitiría determinar si las autoridades restringieron la libertad de desplazamiento de los residentes. Aunque ese recurso no puede revertir lo sucedido, la Sala Constitucional podría ordenar a la Administración abstenerse de repetir acciones similares.
Deben utilizar los mecanismos legales
Manrique Jiménez explicó que los derechos fundamentales están protegidos por el principio de reserva de ley. Por esa razón, solo pueden regularse de acuerdo con la legislación, la Ley General de la Administración Pública, la jurisprudencia constitucional y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado afirmó que, si el Gobierno considera necesario limitar el derecho de propiedad o la libertad de tránsito por razones de interés público, debe utilizar los mecanismos legales correspondientes.
"Obviamente, no puede ser una invención, no puede ser algo subjetivo, no puede ser una ocurrencia, sino que tiene que haber una motivación debidamente fundamentada para eliminar o prohibir el ejercicio del derecho de propiedad de una persona física o jurídica", insistió.
Jiménez añadió que los residentes podrían presentar no solo un habeas corpus, sino también un recurso de amparo.
Ministro se desliga del uso de los drones
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, se desligó del uso de los drones. Según afirmó, la medida no respondió a una orden del Gobierno ni estaba incluida en el operativo de seguridad, sino que surgió por iniciativa de un oficial.
El jerarca aseguró que la instrucción tampoco provino de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Aguilar dijo que corroboró esa información con el director de la institución, Pablo Martínez Bertozzi.
"Fue iniciativa de un oficial que le dijo a uno de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que hiciera eso. Eso no estaba dentro de las medidas de seguridad que íbamos a implementar, así que fue iniciativa negativa de un oficial que le dio una instrucción a un compañero de Bomberos y ellos hicieron eso. Entonces, no formaba parte de las órdenes que emitió el Ministerio de Justicia ni mi persona tampoco", declaró Aguilar en el programa Nuestra Voz.
El ministro anunció que investigarán lo sucedido, aunque no precisó a cuál cuerpo policial pertenece el oficial involucrado.