Banda de Pioja usaba adictos de Hatillo como conejillos de indias para probar drogas
La búsqueda de la máxima rentabilidad económica llevó a la banda de Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias Pioja, a extremos como utilizar a adictos de la zona de Hatillo como "conejillos de indias" para realizar controles de calidad de las sustancias que ellos mismos fabricaban.
El grupo criminal, que enfrenta un juicio por el denominado caso Imperio, operaba con casi total control de sectores como María Reina y el Centro Hotel Fortuna, en San José. En estos puntos mantenía la práctica de poner a prueba las sustancias que mezclaba en laboratorios clandestinos.
El modelo operativo de la narcoorganización no solo abarcaba la adquisición de grandes alijos de drogas, su dosificación y la venta final, como ocurre habitualmente entre las bandas dedicadas al narcomenudeo.
En la cúspide de su cadena de producción, los líderes y mandos medios implementaron un protocolo de prueba de las sustancias. Antes de lanzar un nuevo lote de estupefacientes al mercado, el grupo buscaba tener certeza de que el producto final generaría el efecto deseado en los consumidores.
Para lograrlo, preparaba dosis de drogas y se aprovechaba de la vulnerabilidad y dependencia de las personas adictas que frecuentaban la zona. El objetivo era suministrarles las mezclas recién elaboradas, de forma gratuita, para observar sus reacciones físicas y de comportamiento.
De esta manera, los altos mandos lograban "verificar el efecto y la calidad de los estupefacientes" antes de iniciar su comercialización, con el propósito de minimizar pérdidas y asegurar la fidelidad de sus clientes, a costa de la salud de las personas más vulnerables.
La acusación penal detalla que esta tarea, considerada de alta confianza dentro de la organización, no era delegada a los vendedores de menor rango. Eran los administradores de los puntos de venta y personas de extrema confianza de la cúpula quienes ejecutaban directamente las pruebas.
Específicamente, los encargados de preparar las sustancias, dosificar los componentes químicos y suministrarlos a los adictos para evaluar sus efectos eran Maykol Parra, alias Lento, administrador de un punto de venta en Hatillo; Mayid Cano, alias M33, administrador general de Hatillo y del Centro Hotel Fortuna; y Stephen Cascante, alias Jovi, un colaborador polivalente de alto nivel que realizaba labores de dosificación, seguridad y transacciones financieras.
La investigación del Ministerio Público registró de manera detallada varios hechos en los que se habría ejecutado este mecanismo de control de calidad en María Reina.
El 10 de noviembre de 2020, Parra y Cano poseyeron sustancias ilícitas con las que fabricaron y prepararon drogas de uso no autorizado.
Suministraron una cantidad indeterminada de esta droga a un sujeto identificado con el alias Wally. El objetivo de la entrega era que la consumiera para que los administradores pudieran verificar de primera mano el efecto.
La mañana del 7 de enero de 2021, Parra y Cascante hicieron lo mismo pero con otros consumidores.
El 17 de febrero de 2021, repitiendo el mismo patrón operativo, a mediodía volvieron a preparar sustancias ilícitas en el barrio María Reina de los Ángeles. Actuando en complicidad con la cúpula de la organización, localizaron a personas con dependencia a las drogas en el barrio, les suministraron las dosis recién fabricadas y supervisaron su consumo con el fin de validar la potencia y el efecto de la droga antes de ponerla a la venta.
Fabricación propia
La agrupación de Pioja no solo se encargaba de revender sustancias ilícitas, sino también de fabricarlas o modificarlas. Utilizaba las cocinas de viviendas y apartamentos particulares para fabricar y dosificar crack, cocaína, marihuana y tusi, convirtiendo estos espacios residenciales en laboratorios clandestinos.
La estructura criminal preparaba las sustancias en estos espacios para maximizar el rendimiento de la mercancía, lo que le habría permitido generar ganancias de hasta ₡100 millones por semana.
Actualmente, el líder y los miembros de su banda enfrentan un juicio por narcotráfico y legitimación de capitales. La banda se encargaba de todo el proceso, desde la obtención de la materia prima hasta la dosificación final, con el objetivo de multiplicar el volumen de la droga.
Para ello, utilizaba búnkeres e incluso se apoderó de un hotel y un terreno municipal para almacenar y vender los estupefacientes. La organización tomó el control operativo del Hotel Fortuna, ubicado en el centro de San José.
Mediante oficiales encubiertos, la Policía verificó que utilizaban dos habitaciones específicas del hotel como búnkeres exclusivos para la venta de crack y cocaína. Esto les permitía mantener un flujo continuo de consumidores y compradores en plena zona urbana.
En la zona de María Reina, la banda se apoderó de un terreno propiedad de la Municipalidad de San José. Este espacio público fue transformado en un sitio para el consumo y la venta de drogas.
Durante las intervenciones policiales se detuvo allí a grupos de personas en condición de indigencia y con adicción severa, quienes, según la investigación, eran explotadas o fidelizadas como clientes habituales.
Debido al volumen de transacciones de marihuana, crack, ketamina, tusi —conocida popularmente como cocaína rosada— y tuki, las autoridades catalogaron el área de influencia de Pioja como uno de los principales mercados de abastecimiento y distribución de narcomenudeo de San José. Antes de las capturas, el sitio generaba ingresos calculados en ₡10 millones diarios.