Admiten recurso por rechazo del nombramiento de exdiputada en la CCSS
La Sala Constitucional dio curso a un recurso de amparo presentado por la Unión Médica Nacional (UMN) contra el Consejo de Gobierno por rechazar el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La acción fue interpuesta por Randall Cabrera, vicepresidente de la UMN, quien cuestiona la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de junio.
En el recurso, la organización sindical sostiene que la decisión del Ejecutivo vulneró la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones de trabajadores y los derechos fundamentales de la exlegisladora.
Lo que solicita la organización
En el recurso, la UMN solicita que se deje sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno mediante el cual se rechazó el nombramiento de Alfaro.
También pide que se restituyan los derechos que considera vulnerados, que la autoridad recurrida se abstenga de repetir actuaciones similares y que se condene al pago de costas, daños y perjuicios.
Elección en asamblea sindical
Según el documento presentado ante la Sala Constitucional, la elección de Alfaro se realizó el 9 de junio durante una Asamblea del Movimiento Sindical celebrada en las instalaciones de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Alfaro obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos y fue electa como representante titular del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la CCSS.
La decisión fue comunicada formalmente al Consejo de Gobierno. Sin embargo, durante una sesión ordinaria el Consejo de Gobierno acordó rechazar el nombramiento al considerar que la exdiputada incumplía requisitos legales para integrar ese órgano.
Alegan afectación a la libertad sindical
La UMN sostiene que el acuerdo impugnado no solo afecta a Alfaro, sino que constituye una intervención del Poder Ejecutivo en una decisión adoptada democráticamente por el movimiento sindical.
Según el recurso, las organizaciones sindicales tienen derecho a elegir libremente a las personas que las representan y las autoridades públicas deben abstenerse de interferir en ese proceso.
La organización argumenta que el Consejo de Gobierno sustituyó la voluntad expresada por los sindicatos.
Cuestionan argumentos utilizados para rechazar el nombramiento
El recurso también objeta los fundamentos utilizados para rechazar la designación de la exdiputada.
La UMN afirma que el Consejo de Gobierno atribuyó a Alfaro falta de honorabilidad, competencia e imparcialidad mediante valoraciones subjetivas que, a su criterio, carecen de sustento.
Asimismo, sostiene que la exlegisladora no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos ni pesa sobre ella una sanción administrativa firme o algún impedimento legal que le impida asumir la representación sindical.
La organización también cuestiona que se utilizara su presunta condición de militante política activa como parte de los argumentos para rechazar su nombramiento.
Según el recurso, esa valoración afecta la libertad de asociación política y pretende imponer restricciones antes de que la exdiputada llegue a ejercer el cargo.
Además, rechaza la conclusión de que Alfaro carece de conocimientos en materias económico-sociales. La UMN sostiene que la normativa aplicable no exige una profesión específica ni limita el cumplimiento de ese requisito a determinadas disciplinas académicas.
Reclamo por libertad de expresión
Otro de los argumentos planteados se relaciona con opiniones públicas emitidas por Alfaro sobre políticas públicas vinculadas con la prestación de servicios de Ebáis por parte de cooperativas.
La organización considera que utilizar esas manifestaciones para descalificarla representa una afectación a la libertad de expresión y al derecho al pensamiento crítico.
A criterio de la UMN, restringir el acceso a un cargo público por opiniones emitidas sobre asuntos de interés público resulta incompatible con una sociedad democrática.
