“Vinculación de Lanamme no bastaría”: urgen laboratorio nacional que fiscalice cada proyecto
Contralora pide dependencia que rechace recepción de obras ante incumplimientos
La Contraloría es devota de que los informes de Lanamme sean vinculantes. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
(CRHoy.com). Costa Rica no cuenta con un laboratorio de materiales estatal que verifique la calidad de cada obra vial que se ejecute en el país.
Si bien existe el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), uno de los más especializados de Latinoamérica, no existen las potestades para que sus informes fiscalizadores sean vinculantes para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Incluso, tampoco cuenta con el marco legal para realizar un control receptivo de las obras. Es decir, rechazar la recepción de un proyecto si existen incumplimientos.
Además, el Laboratorio de Materiales del MOPT no cuenta con el aval ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) ni las condiciones adecuadas para supervisar las obras hechas por las empresas constructoras.
Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, explicó ante la comisión legislativa que investiga presuntos hechos de corrupción en obra pública, que al país le urge un laboratorio nacional de verificación de la calidad y aseguró que mientras no exista los informes de Lanamme deben ser vinculantes.
Ese laboratorio, a los ojos de la jerarca, tendría la capacidad de ejercer controles aleatorios y controles receptivos (cuando se entregue un proyecto).
"Lanamme no tiene la capacidad para hacerlo (la fiscalización) para cada contrato, por eso es que hablamos de un laboratorio nacional que tenga esa vinculancia. Es decir, si el laboratorio nacional dice que se rechace (alguna obra) por un incumplimiento, la Administración no puede recibir una obra", detalló la funcionaria.
Al no contar con la acreditación ante el ECA, el laboratorio del MOPT no está facultado para verificar la calidad de los materiales (mezclas asfálticas, por ejemplo) que se colocan en los proyectos viales que gestiona el Estado.
Así las cosas, la fiscalización recae exclusivamente en las empresas privadas que son contratadas por el Estado para supervisar las intervenciones hechas por las constructoras encargadas de los trabajos.
Ante ECA están sí acreditados los laboratorios de empresas privadas como MECO S.A., Cacisa, Vieto, Ingeniería & Construcción, Castro & De la Torre, Ingeotec, ITP, entre otros.
De esta forma, no existe un contrapeso estatal que verifique la calidad de las obras realizadas y compare los resultados con lo que analizan los entes privados. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospechan, en el marco del caso "Cochinilla", que algunos laboratorios privados entraron en contubernio con constructoras para "maquillar" resultados de verificación y así evitar potenciales multas por incumplimientos.
Para Acosta, el laboratorio nacional (que fiscalizaría cada obra en construcción) se podría constituir a corto plazo si existiera "voluntad política" y dijo que la Contraloría General de la República (CGR) no tiene la capacidad técnica ni de personal para fiscalizar cada proyecto ejecutado con fondos públicos.
"Nosotros hablamos de un laboratorio independiente, no que sea parte de Conavi. No podría ser parte, porque pierde objetividad a la hora de hacer las auditorías técnicas y a la hora de decir que acepte, o rechace, una obra", dijo la funcionaria.
Marta Acosta, contralora general de la República, compareció este martes ante la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla. Captura de pantalla/YouTube
La contralora indicó que se debe replantear el modelo de gestión de las obras a cargo de los entes del Estado.
"Con la vinculancia de Lanamme arreglamos una parte, pero no lo arreglamos todo. Lanamme no tiene competencias para controles receptivos en todos los contratos, como dice la ley original. Está funcionando, pero solo en el marco de sus competencias", expresó Acosta, quien consideró que el sistema actual funciona "a medias".
La diputada Aida Montiel, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley para que los informes del laboratorio sean vinculantes para el MOPT, el Conavi y las municipalidades.
La propuesta -que se tramita bajo el expediente 22.572- consiste en una reforma del artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.
Según el texto, el Lanamme informará al MOPT y las entidades relacionadas con la gestión de la red vial nacional y cantonal el resultado de las auditorías técnicas que realice a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas a la red nacional pavimentada, las carreteras y los puentes en concesión.
También, informará a la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República (CGR) y Defensoría de los Habitantes para lo que en derecho corresponda.