Fiscalía prevé retrasos en análisis de teléfonos y respaldo de evidencia por recortes
El análisis de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos decomisados durante investigaciones penales podría sufrir retrasos por los recortes presupuestarios al Poder Judicial. La falta de recursos para tecnología y almacenamiento también dificultaría extraer, procesar y respaldar la información que contienen esos equipos.
La Fiscalía advierte que estas limitaciones afectarían investigaciones por narcotráfico, corrupción, estafas y otros delitos complejos.
Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, explicó que las investigaciones requieren herramientas especializadas y programas informáticos de alto costo.
"En la era digital, la criminalidad ya no opera únicamente con métodos tradicionales. Antes buscábamos un arma. Antes buscábamos una tarjeta. Antes buscábamos un documento. Hoy buscamos en los allanamientos y en los trabajos que realizamos los materiales que utilizan ellos para manejar las criptos: billeteras, wallets, frases semillas".
El fiscal señaló que estas herramientas son indispensables para avanzar en las investigaciones y que mantenerlas requiere recursos.
Ramírez calificó como un escenario de "caos" la posibilidad de que se reduzca el presupuesto destinado a tecnología. Su advertencia coincide con los señalamientos del fiscal general, Carlo Díaz, sobre las consecuencias de los recortes para el funcionamiento del Poder Judicial.
El área tecnológica del Poder Judicial afronta un bloqueo presupuestario de aproximadamente ₡10.250 millones para 2027, equivalente a más del 63% de los recursos de su Dirección de Tecnologías de la Información.
Esta restricción forma parte de un congelamiento presupuestario cercano a ₡29.844 millones, aplicado mediante restricciones especiales a la institución. A esto se suma un recorte directo de ₡10.553 millones incluido en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, elaborado por el Ministerio de Hacienda y tramitado en la Asamblea Legislativa.
El crimen organizado cuenta con más recursos
Ramírez advirtió que los grupos criminales disponen de recursos económicos para adquirir tecnología avanzada y ocultar sus operaciones. Considera que reducir las herramientas del Estado podría ampliar la diferencia entre las capacidades de las autoridades y las de las organizaciones delictivas.
"No podemos paralizar un Poder Judicial, un Ejecutivo, un Legislativo, imagínense esto en un Tribunal Supremo de Elecciones, cuando el hampa sí tiene el mecanismo económico para trabajar. El plan A es que no nos recorten en tecnología. Dentro del marco tecnológico, el impacto es fuerte".
Ante ese escenario, las autoridades judiciales plantean la necesidad de que el Gobierno y la Asamblea Legislativa busquen alternativas de financiamiento para evitar que los recortes afecten las capacidades tecnológicas de la institución.