Sindicatos exigen a Laura Fernández retractarse por llamar “vagabundos” a educadores
Laura Fernández, presidente de la República y Leonardo Sánchez, ministro de Educación
Los sindicatos de educación rechazaron las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien llamó "vagabundos" a los funcionarios del MEP que participaron en la marcha del miércoles y "sanguijuelas" a dirigentes sindicales.
La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Preescolar Costarricense (Sipreesco) se pronunciaron tras la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE, exigió a la mandataria retractarse por sus expresiones contra los educadores.
"Los educadores han sido pilar fundamental para el desarrollo de esta nación y no aceptamos de ninguna manera los calificativos con que fuimos tratados el día de ayer", manifestó Montero.
Por su parte, Dennis Solís Cruz, de APSE, señaló que los docentes enfrentan problemas de infraestructura, falta de recursos y atrasos salariales.
Solís también aseguró que APSE no participará en reuniones con el Gobierno que busquen aparentar un diálogo sin atender las diferencias con las organizaciones sindicales.
Gilbert Díaz, presidente del SEC, pidió al Gobierno responder a las demandas del magisterio en lugar de cuestionar a sus dirigentes.
"El magisterio no es vago, no es mentiroso y su dirigencia no son unas sanguijuelas chupasangre", expresó Díaz.
Sipreesco también defendió el derecho de los educadores a manifestarse y cuestionó las palabras de la presidenta.
Fernández también anunció que rebajará el salario correspondiente al día de protesta a los funcionarios que participaron en la movilización.
Reclamos de los educadores
La marcha del miércoles 11 de noviembre reunió a docentes y universitarios en San José para exigir mayor inversión en educación pública y mejores condiciones laborales.
Entre sus principales reclamos están el cumplimiento del 8% del producto interno bruto (PIB) para educación, el pago de las deudas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y las mejoras salariales pendientes.
Por su parte, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que el Gobierno acudirá a los tribunales para solicitar que declaren ilegal la huelga.