Condenan amenazas de Fernández contra periodista y advierten un patrón de hostigamiento
Laura Fernández, presidenta de la República. Crédito: Presidencia de la República de Costa Rica
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) condenó las amenazas de acciones judiciales de la presidenta Laura Fernández contra el periodista Cristian Mora y el diario La Nación, luego de las publicaciones sobre la contratación de 40 ambulancias por ₡6.500 millones para el Cuerpo de Bomberos.
La organización manifestó su "profunda preocupación y categórico rechazo" ante las expresiones de "hostilidad, evasión y amenazas judiciales dirigidas desde las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo contra periodistas y medios de comunicación que fiscalizan el uso de los fondos públicos.
En un pronunciamiento, el Iplex advirtió que anunciar acciones judiciales o utilizar el aparato estatal para responder a investigaciones periodísticas de interés público constituye un hecho grave que socava la rendición de cuentas y la libertad de prensa.
El Instituto señaló que lo ocurrido no corresponde a un hecho aislado, sino a un patrón de amedrentamiento que, según indicó, se manifiesta en dos vías: el hostigamiento digital mediante canales oficiales y el desprestigio público de la labor periodística.
Sobre este último punto, cuestionó las descalificaciones de Fernández contra el periodista de La Nación, a quien calificó de "canalla" durante un intercambio con el comunicador.
La organización recordó que quienes ejercen el poder público tienen la obligación constitucional de ser transparentes y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
"Explicar el destino y los procedimientos de las compras del Estado no es una concesión optativa de los gobernantes; es un deber democrático", indicó.
La reacción de Fernández ocurrió el miércoles 11 de noviembre, durante la conferencia de prensa del Gobierno, cuando el periodista Cristian Mora le preguntó si estaba de acuerdo con que Bomberos invitara a un único oferente para comprar las ambulancias y que esa empresa estuviera vinculada con dos financistas de su campaña presidencial.
La contratación, por casi ₡6.500 millones, fue adjudicada el 28 de setiembre a un consorcio integrado por las empresas brasileñas SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas y Bem Star, mediante un procedimiento especial de urgencia.
Bomberos invitó únicamente a ese consorcio, pese a que otras dos empresas nacionales participaron en el estudio de mercado y ofrecieron precios hasta $2,3 millones inferiores.
El proceso también generó cuestionamientos porque dos representantes de SGSV, Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, adquirieron bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por un monto conjunto de ₡52 millones.
Tras la consulta del periodista, Fernández preguntó si Mora era quien había redactado las publicaciones y manifestó que estaba considerando demandarlo.
El caso está bajo investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos abrió una investigación administrativa preliminar el 17 de setiembre para determinar el origen y la trazabilidad del dinero utilizado por Rodríguez y Rothe para adquirir bonos del PPSO.
Libertad de expresión en peligro
El pronunciamiento del Iplex también hizo referencia a los resultados de la Cuarta Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación de Costa Rica, elaborada por PROLEDI, CICOM y CIEP-UCR.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (derecha), escucha al ministro de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves durante una conferencia de prensa en San José, el 22 de julio de 2026. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP)
Según esos resultados, un 58,1% de la población considera que ejercer el periodismo en el país es peligroso, el porcentaje más alto registrado desde 2023.
Además, un 54,7% de la ciudadanía considera que la libertad de expresión está en peligro.