Políticas del Gobierno desataron 17 protestas en un semestre
Las políticas del gobierno han generado 17 jornadas de manifestaciones, marchas, plantones y otras protestas sociales.
Las movilizaciones, registradas entre mayo y noviembre de 2026, han sido protagonizadas por estudiantes, sindicatos, transportistas, pensionados, agricultores, productores, vecinos y organizaciones sociales.
Los reclamos han girado principalmente alrededor del financiamiento de la educación pública, los recortes presupuestarios, las condiciones laborales de distintos sectores, las decisiones del Gobierno en asuntos institucionales y el rechazo a proyectos que generan preocupación entre comunidades.
La primera protesta ocurrió el 26 de mayo, cuando estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales realizaron un plantón frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de armonización eléctrica. La detención de un manifestante generó denuncias de golpes y empujones, y la Universidad Nacional (UNA) cuestionó el operativo.
Hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo.
Finalmente, el proyecto prioritario del Poder Ejecutivo fue rechazado y enviado al archivo el 19 de octubre de 2026, después de no alcanzar los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate.
El 24 y 25 de junio, estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) protestaron por la incertidumbre sobre el pago de las becas. Las protestas en distintos campus se contabilizan como un episodio.
El 15 de julio, sindicatos protestaron frente a Casa Presidencial por la negativa del Gobierno de juramentar a Rocío Alfaro como integrante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El 29 de julio, conductores de plataformas realizaron tortuguismo y marcharon hacia Casa Presidencial contra un proyecto de ley que, según el gremio, afectaría su actividad.
El 3 de agosto, pensionados y sindicalistas marcharon para exigir la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Tres días después, el 6 de agosto, sindicatos, universidades públicas y organizaciones sociales participaron en una movilización en defensa de la democracia y la independencia judicial en el llamado "Plantón por la democracia". La protesta también cuestionó los recortes presupuestarios previstos para el Poder Judicial y los enfrentamientos entre los poderes de la República.
Manifestación en la Avenida Segunda
Manifestación en la Avenida Segunda
Manifestación en la Avenida Segunda
Manifestación en la Avenida Segunda
El 30 de agosto, trabajadores y organizaciones protestaron en el Parque La Libertad contra recortes, despidos y ajustes salariales.
El 1.º de setiembre, estudiantes y organizaciones sociales marcharon desde la Universidad de Costa Rica (UCR) hasta la Asamblea Legislativa para exigir más recursos para la educación superior y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El 7 de setiembre, transportistas de carga protestaron frente a Casa Presidencial y reclamaron igualdad de condiciones frente a conductores extranjeros.
El 14 de setiembre, centenares participaron en la Faroleada por la Democracia, en San José, en defensa de la democracia, la CCSS y la independencia judicial. En Cartago hubo denuncias por restricciones de ingreso a la Plaza Mayor durante un acto oficial.
El 20 de octubre, estudiantes, sindicatos y representantes universitarios marcharon contra los recortes presupuestarios a la educación y otros servicios públicos.
El 26 de octubre, estudiantes de la UNA protestaron en Heredia. Denunciaron que más de 60 oficiales los rodearon y temieron un posible uso de gases lacrimógenos. La Fuerza Pública aseguró que el bloqueo se levantó pacíficamente y que no fue necesario usar la fuerza.
El 2 de noviembre, estudiantes realizaron un plantón en la Plaza de la Democracia contra los recortes al presupuesto educativo.
El 3 de noviembre, agricultores, ganaderos y organizaciones sociales marcharon en defensa del sector agropecuario. La convocatoria surgió contra la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Aunque el 28 de octubre Fernández anunció que no firmaría el protocolo y ordenó archivar el proceso, los organizadores exigieron un documento oficial que confirmara el descarte. También exigieron créditos, subsidios, seguros de cosecha y protección a la producción nacional.
El 4 de noviembre, vecinos de Turrúcares protestaron frente al colegio de la comunidad contra el proyecto de relleno sanitario que EBI pretende desarrollar en la zona. Al menos 50 vecinos reclamaron por posibles efectos ambientales, fuentes de agua y tránsito de camiones.
El pasado martes 10 de noviembre, transportistas de servicios especiales realizaron una caravana que provocó congestionamiento en sectores de la ruta 27 y sus alrededores. La movilización, convocada por la Asociación de Transportistas Especiales (Atrae SOS), buscó presionar contra el incremento de los cánones regulatorios incluidos en el marchamo 2027. El sector cuestiona un cobro adicional que se suma a los pagos que ya realiza ante el Consejo de Transporte Público (CTP).
Por último, este 11 de noviembre, sindicatos del sector educativo, estudiantes y trabajadores universitarios marcharon desde el parque de La Merced hasta las cercanías de la Asamblea Legislativa. La movilización incluyó reclamos por el presupuesto destinado a la educación pública, el descongelamiento salarial, el pago de deudas estatales y la defensa de las pensiones del Magisterio.
"Vagabundos y sanguijuelas"
La marcha de los educadores provocó fuertes críticas de la presidenta Laura Fernández, quien calificó la huelga como "absolutamente ilegal" y aseguró que se rebajará el salario del día a quienes participaron. La mandataria también llamó "vagabundos» a los manifestantes y calificó de «sanguijuelas" a los dirigentes sindicales que promueven las protestas.
Por su parte, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, anunció que coordinó con la Procuraduría General de la República (PGR) las acciones legales para solicitar ante el Juzgado de Trabajo que se declare ilegal el movimiento. El jerarca argumentó que, a criterio del Ministerio, los sindicatos no han demostrado la afectación social y económica que justificaría la huelga. La decisión final corresponde al juzgado.
Analistas atribuyen protestas al descontento con el Gobierno
Los analistas Carlos Carranza y Sergio Araya atribuyen las movilizaciones al descontento con el Ejecutivo.
Carranza afirmó que crece la percepción de que las políticas gubernamentales no benefician a la población, sino a personas cercanas al oficialismo y financistas de la campaña de Fernández. Previó más protestas por el costo de la vida y cuestionó al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, como interlocutor.
"No se encuentra un mediador, Rodrigo Chaves está muy lejos de eso. Cuando no se buscan equilibrio y diálogo, lo que habrá será un enfrentamiento permanente siempre", dijo.
Añadió que la división de poderes y el respeto institucional se han convertido en motivos de protesta que, a su criterio, no eran habituales en administraciones anteriores.
Araya indicó que las protestas ocurren bajo las restricciones de la Ley 9808, que reformó el Código de Trabajo y fijó límites y requisitos para las huelgas. La norma mantiene el derecho a marchar y concentrarse fuera de horas laborales.
Araya atribuyó las protestas al rechazo a políticas consideradas perjudiciales, a la percepción de continuidad con la administración de Rodrigo Chaves Robles y a la falta de beneficios para las poblaciones vulnerables.
También dijo que el archivo del proceso del CPTPP puede mostrar a otros sectores la utilidad de protestar. Destacó la defensa de la división de poderes y cuestionó que el Ministerio de la Presidencia priorice la coordinación del gabinete sobre el diálogo con la oposición y los sectores sociales.
CR Hoy consultó a la Presidencia de la República sobre la valoración del Gobierno acerca de las 15 jornadas de protesta, las respuestas que ha dado a los reclamos de los distintos sectores y los espacios de diálogo que mantiene con los distintos sectores. Las consultas siguen en proceso de trámite.