Gobierno prorroga declaratoria de emergencia en cantones afectados por lluvias en 2021
Fotografías de las afectaciones causadas por lluvias en julio de 2021. Compartidas en su momento por el presidente Carlos Alvarado.
El Gobierno de Laura Fernández prorrogó por cinco años la vigencia de la declaratoria de emergencia en 14 cantones afectados por las lluvias del 22 al 24 de julio de 2021. Según el decreto, la medida permitirá utilizar los recursos de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial.
El Poder Ejecutivo justificó la prórroga con el tiempo transcurrido y la falta de recursos oportunos, factores que, según indicó, acumularon daños y riesgos en los territorios. La CNE deberá actualizar los datos de campo, ajustar las propuestas de infraestructura y revisar los costos de las obras pendientes antes de someterlas a conocimiento de su Junta Directiva.
El Plan General de la Emergencia mantenía proyectos de inversión en distintas etapas de ejecución. Además, un dictamen de la Procuraduría General de la República señala que el fin de una emergencia no depende solo del vencimiento de un plazo administrativo de cinco años, sino del cumplimiento efectivo de todas sus fases. Esto busca evitar que las obras queden suspendidas o sin financiamiento.
Con la modificación, el Poder Ejecutivo da a la CNE más tiempo para ejecutar las obras y presentar un nuevo informe técnico integral antes de que venza el plazo. Ese informe permitirá valorar el cese definitivo de la emergencia.
Las fuertes lluvias de 2021
El paso de ondas tropicales, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y el ingreso de humedad por los vientos alisios causaron fuertes lluvias, inundaciones generalizadas y deslizamientos en julio de 2021. El temporal también provocó daños severos en carreteras, centros educativos y de salud, así como en servicios básicos de la vertiente del Caribe y la Zona Norte.
El gobierno de Carlos Alvarado emitió la declaratoria de emergencia el 27 de julio de 2021 para 14 cantones de cuatro provincias: San Carlos, Río Cuarto, Upala, Los Chiles y Guatuso, en Alajuela; Turrialba y Jiménez, en Cartago; Sarapiquí, en Heredia; y Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres y Talamanca, en Limón.
La declaratoria incluyó las tres fases previstas en la Ley Nacional de Emergencias: respuesta, rehabilitación y reconstrucción. También habilitó el régimen de excepción para agilizar el uso de recursos y la ejecución de obras de auxilio inmediato.
El 12 de enero de 2022, la Junta Directiva de la CNE aprobó el Plan General de la Emergencia. Con esa decisión inició la fase de reconstrucción y se facultaron las gestiones institucionales para financiar los proyectos de infraestructura dañados.
Fotografías de las afectaciones causadas por lluvias en julio de 2021. Compartidas en su momento por el presidente Carlos Alvarado.
Fotografías de las afectaciones causadas por lluvias en julio de 2021. Compartidas en su momento por el presidente Carlos Alvarado.
Fotografías de las afectaciones causadas por lluvias en julio de 2021. Compartidas en su momento por el presidente Carlos Alvarado.
Fotografías de las afectaciones causadas por lluvias en julio de 2021. Compartidas en su momento por el presidente Carlos Alvarado.
Préstamo con el Banco Mundial
En mayo de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para ratificar el contrato entre Costa Rica y el BIRF por $350 millones. El acuerdo incluye una contribución no reembolsable de $20 millones, para un total de $370 millones.
El programa busca financiar obras de reconstrucción incluidas en los planes de inversión que no pudieron ejecutarse por falta de liquidez oportuna.
El decreto obliga a la CNE a entregar un informe final antes de que venza la prórroga, en 2031. El documento deberá comprobar que las obras concluyeron para que el Gobierno pueda declarar el fin definitivo de la emergencia.
Estimación de daños
El Plan General de la Emergencia estimó en ₡213.064.085.116,72 el costo total de inversión para atender el evento hidrometeorológico, según los costos de reposición. Esa cifra se distribuyó así:
- Fondo Nacional de Emergencias, por vía de excepción: ₡172.001.690.055,40. Incluye los costos de reposición de obras públicas y posibles estudios de preinversión y factibilidad técnica.
- Recursos propios de las instituciones, por vía ordinaria: ₡41.062.395.061,32.
La cifra de ₡213.064.085.116,72 corresponde a una estimación técnica de inversión. El Plan General consignó como ejecutados de inmediato los recursos destinados a la atención inicial y de extrema urgencia.
La CNE reportó ₡967.786.449,65 en alimentos, espumas, cobijas y reservorios de agua. Además, ejecutó ₡1.240.849.416,77 en 122 intervenciones con maquinaria para limpiar vías, remover derrumbes y canalizar cauces.
El Poder Ejecutivo y la CNE justificaron la prórroga pues no se pudo atender las obras de reconstrucción por falta de recursos oportunos durante los cinco años posteriores al temporal.
La modificación se firmó el 19 de octubre de 2026 y se publicó en el diario oficial La Gaceta este 12 de noviembre.