TSE rechaza pagar con fondos públicos el alquiler del BMW que usa Mayuli Ortega
Mayuli Ortega, diputada del PPSO y presidenta de esa agrupación. CRH
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó financiar con recursos de la deuda política el alquiler de dos vehículos utilizados por dirigentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO): un BMW X1 2026 asignado a la diputada y presidenta del partido Mayuli Ortega Guzmán y un Toyota Prado 2026 utilizado por el tesorero suplente, Raúl Zamora.
En el caso de Ortega Guzmán, la diputada utiliza el vehículo de manera discrecional.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos rechazó seis facturas por ₡6,4 millones, correspondientes a ambos automotores, como parte de un informe que denegó el reembolso de gastos por ₡62 millones solicitados por la agrupación, según informó este jueves el diario La Nación.
El TSE determinó que el PPSO no justificó la necesidad ni la proporcionalidad de esos gastos, requisitos para utilizar recursos públicos en actividades partidarias.
"Una cosa es la necesidad genérica de transporte y otra es la de disponer de dos vehículos 'de alta gama' para el uso discrecional de sus dirigentes", expone el informe, citado por ese medio.
El TSE señaló que el partido no presentó documentos que demostraran la necesidad de contratar los vehículos, las actividades partidarias en las que se utilizarían ni las razones para elegir dos automotores nuevos.
Además, cuestionó que la agrupación no aportara bitácoras, registros de kilometraje, recorridos o reportes que permitieran comprobar el uso que se les dio.
"Si bien estas agrupaciones no son entidades públicas y, en ese carácter, el citado numeral no les resulta directamente aplicable, sí constituye un parámetro objetivo de evaluación: si el legislador ha limitado el uso discrecional de vehículos financiados con fondos públicos a las más altas autoridades del Estado, no resulta razonable que, por la vía de la contribución estatal, se sufrague un beneficio de esa naturaleza a favor de las autoridades de una agrupación política sin una necesidad clara, individualizada y de peso suficiente que justifique este tipo de gastos", explicó el TSE.
Costo "desmedido"
El órgano electoral calificó los alquileres como "desmedidos" y "exorbitantes", al señalar que, al finalizar los contratos de cuatro años, el costo superará en $105.439 el valor conjunto de ambos vehículos, estimado en $130.000.
En ese sentido, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos advirtió que "el Estado habría sufragado, por el solo uso temporal de los automotores, una suma considerablemente superior a la que habría bastado para adquirirlos", sin que el PPSO obtenga la propiedad de los vehículos.
Asimismo, cuestionó que la relación entre el costo y el beneficio no cumpliera con el principio de proporcionalidad.
También señaló que el partido tenía alternativas menos onerosas, como alquilar vehículos de gama media o contratar servicios de transporte por demanda.
El informe todavía puede ser apelado por la agrupación política.
En paralelo, el Frente Amplio había presentado una denuncia para que se investigara el uso de recursos públicos para financiar un vehículo destinado al uso discrecional de la dirigente política.