Querella contra magistrados estancada porque el oficialismo se niega a nombrar suplentes
La denuncia presentada por el oficialismo contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional enfrenta un obstáculo clave para avanzar: el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia no puede integrarse con normalidad porque el propio oficialismo se niega a nombrar a los magistrados suplentes que deben sustituir a los jueces denunciados.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, presentó este lunes una querella (ver nota aparte) contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya, a quienes atribuye el delito de prevaricato por la resolución con la que la Sala Constitucional destrabó el nombramiento de magistrados suplentes y evitó la paralización del tribunal.
Al tratarse de una denuncia contra integrantes de los Supremos Poderes, el caso debe ser conocido por el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por 22 magistrados.
Sin embargo,como los cuatro magistrados denunciados deben apartarse del proceso por ser parte interesada, sus puestos tendrían que ser ocupados por magistrados suplentes. Ahí surge el principal problema: la Asamblea Legislativa mantiene vacantes esas plazas porque el oficialismo se niega a votar por los candidatos propuestos.
José Manuel Arroyo, exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, considera posible que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo conocieran este escenario y que su actuación hubiera sido premeditada para atacar al Poder Judicial.
"Es una contradicción. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero no parece coherente desde el punto de vista jurídico ni político. Como han querido paralizar a la Sala Constitucional, sería imposible tramitar una denuncia, puesto que va dirigida contra cuatro de sus miembros y se requeriría un tribunal suplente que la conozca. Esto es una razón más para concluir que la Sala Constitucional resolvió correctamente al evitar que un servicio público fundamental colapsara", afirmó.
Marvin Carvajal, abogado constitucionalista y catedrático universitario, coincide en que la falta de magistrados suplentes representa un obstáculo importante para que la denuncia avance.
"Que haya cuatro magistrados querellados, obviamente hace que estas personas deban inhibirse de conocer el asunto. Esto no necesariamente impide que el caso avance, pero sí dificulta mucho más alcanzar la mayoría que se requiere para elevar una causa como esta", explicó.
Jiménez acudió a la Corte Suprema de Justicia acompañada por la presidenta Laura Fernández, el resto de la fracción de Pueblo Soberano y varios miembros del gabinete.
Dudas sobre la forma en que se presentó la denuncia
Jiménez y Fernández anunciaron la acción como una "querella" y la presentaron ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pese a que alegan la comisión de un supuesto delito penal.
Para Arroyo, si el oficialismo realmente considera que los magistrados incurrieron en un delito, la denuncia debió presentarse ante la Fiscalía General, órgano competente para investigar a los miembros de los Supremos Poderes.
"Ese es un gesto, en mi criterio, más teatral que real. Si es una denuncia por un delito, tiene que presentarse ante el Ministerio Público. Son movimientos para llamar la atención más que para tramitar de buena fe una gestión penal ante las instancias competentes", sostuvo.
El exmagistrado también cuestionó que el Gobierno acuda al mismo Poder Judicial que constantemente critica.
Por su parte, el abogado penalista Gerardo Huertas considera que la presidenta del Congreso incluso podría exponerse a una denuncia por querella calumniosa.
CR Hoy solicitó una copia de la denuncia y consultó al despacho de Yara Jiménez sobre los cuestionamientos planteados por los especialistas. Al cierre de esta información no se recibió respuesta.