Oficialismo denuncia a magistrados por eliminar bloqueo que ellos le impusieron a la Sala IV
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) presentaron una querella por el supuesto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, tras la decisión de ese órgano de prorrogar provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa resuelve la elección pendiente desde diciembre del año pasado.
Durante la presentación del recurso también acudió la presidenta Laura Fernández, quien llamó el pasado viernes, a los magistrados "golpistas". Junto a ella permaneció en todo momento Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y de Hacienda. También estuvieron la mayoría de ministros y presidentes ejecutivos de instituciones autónomas.
La querella por prevaricato implica una relación de hechos sobre actos de los magistrados constitucionales qué, según el criterio oficialista, carece de legalidad.
La acción judicial es interpuesta contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García ante la Secretaría de la Corte Plena.
Esto se da luego de que el Ejecutivo y los congresistas oficialistas calificaron la decisión adoptada por la Sala Constitucional como "ilegal e inconstitucional" y aseguró que constituye "ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa", al considerar que únicamente el Congreso tiene la facultad constitucional de nombrar y destituir magistrados.
Pueblo Soberano mantiene el bloqueo a designar a los nuevos magistrados suplentes de la Sala IV de una nómina de 18 aspirantes, debido a que votaron en blanco en 5 rondas seguidas y devolvieron la lista de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, dos veces.
Resolución de la Sala IV
La Sala IV resolvió, el pasado jueves, devolver de inmediato la nómina íntegra al Congreso, anulando la resolución de Yara Jiménez, alegando un riesgo de bloqueo del órgano y para garantizar justicia constitucional de quienes acuden a la Sala.
Por lo que la nómina debe ser sometida a votación en el Plenario lo antes posible y condenaron al Estado por costas y daños, por la resolución de Jiménez de devolver la nómina.