Padres con un año sin ver a hijos y adulta mayor desahuciada: las víctimas del bloqueo a la Sala IV
124 expedientes se mantuvieron congelados por negativa del Gobierno a nombrar magistrados suplentes
La negativa del Gobierno de Laura Fernández y de su fracción oficialista a nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional ha llevado a un punto crítico algunas peticiones de ciudadanos que requieren la intervención de ese alto tribunal para resolver asuntos relacionados con salud, pensiones o ingresos económicos.
Entre los 124 expedientes paralizados, uno de los casos más sensibles es el de unos padres separados de sus hijos menores de edad, quienes denuncian que llevan un año sin poder verlos, pese a que una sentencia previa ya les había reconocido ese derecho.
A raíz del mismo bloqueo que impide a la Sala resolver estos asuntos, los padres presentaron un segundo recurso de amparo contra la propia Sala Constitucional.
Esa gestión obligó a que los magistrados titulares se inhibieran de conocer el expediente, por lo que debía ser resuelto por magistrados suplentes, quienes no habían sido nombrados debido a la falta de acuerdo en Cuesta de Moras.
Ciudadanos en condiciones de extrema vulnerabilidad también dejaron de recibir una respuesta por el bloqueo generado ante la falta de nombramientos. Por ejemplo, figura el caso de una mujer de 66 años que padece nueve enfermedades y se encuentra en estado terminal.
Debido a su condición, su neumóloga tratante le prescribió un tratamiento específico de 120 dosis de fumerato de formoterol; sin embargo, la receta ha sido modificada en reiteradas ocasiones sin la autorización de la especialista.
La mujer, quien además se encuentra privada de libertad, acudió a la Sala Constitucional en busca de una solución que no ha podido obtener debido al congelamiento que persistió.
En la lista de casos detenidos abundan dramas humanos que evidencian el impacto directo de la ausencia de magistrados suplentes en la Sala IV, especialmente en asuntos relacionados con el derecho a la salud.
Al menos cuatro personas presentaron recursos por temas de salud contra el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas violaciones a ese derecho; sin embargo, sus expedientes permanecieron varados durante semanas e incluso meses.
El drama de las pensiones
Una parte considerable de los casos congelados corresponde a ciudadanos que exigen la entrega de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), administrados principalmente por la operadora Vida Plena, al alegar enfermedades graves, invalidez o el fallecimiento de familiares directos.
Son 14 recursos de amparo pendientes de personas que solicitan retirar la totalidad de su ROP en un solo tracto debido a condiciones críticas de salud, problemas de movilidad —como afecciones de cadera— o situaciones de vulnerabilidad económica que comprometen su mínimo vital.
En otros dos expedientes, personas reclaman la entrega íntegra del ROP heredado de sus parejas fallecidas, luego de no obtener respuesta de las operadoras de pensiones, por lo que continúan a la espera de una resolución de la Sala IV.
Además, en otros siete expedientes ciudadanos cuestionan las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aplicación de la Contribución Especial Solidaria y las condiciones de jubilación que, según alegan, afectan sus derechos.
La paralización de la Sala IV también incide en la resolución de conflictos comunales y de transporte.
Vecinos del cantón de La Unión, en Cartago, mantienen congelados recursos relacionados con la falta de aceras en Calle Naranjo, problemas en canchas municipales, el abandono de rutas cantonales, deficiencias en el abastecimiento de agua y disputas laborales internas de la planilla municipal, debido a que los magistrados titulares están inhibidos.
También permanecen sin resolver tres recursos relacionados con plataformas de transporte como Uber, DiDi e InDrive. Entre ellos figura un caso contra el Consejo de Transporte Público (CTP) por la operación de estas plataformas, así como recursos individuales por el bloqueo de cuentas de conductores.
Embudo político
También están paralizados ocho recursos de amparo relacionados con el traslado, por parte de la Corte Plena, de solicitudes a la Asamblea Legislativa para el levantamiento del fuero del exmandatario Rodrigo Chaves.
A estos se suma un expediente interpuesto contra la Fiscalía General, la Corte Plena y la Asamblea Legislativa por una presunta vulneración al derecho de defensa del expresidente Chaves y del exministro Jorge Rodríguez Vives, acusados en el caso BCIE-Cariñitos.
La falta de magistrados suplentes también mantiene suspendida la resolución de recursos relacionados con reformas de alcance nacional, entre ellas la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyos reclamos cuestionan disposiciones salariales y artículos transitorios.
Incluso la propia Asamblea Legislativa se ve afectada, dado que remitió consultas constitucionales que tampoco han podido ser atendidas por falta de magistrados suplentes. Estas se refieren a proyectos como la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extradición de Nacionales y la reforma a la Ley de Iniciativa Popular sobre la recolección obligatoria de firmas.
Todos estos expedientes corresponden a casos en los que los magistrados titulares no pueden intervenir, principalmente por inhibitorias o recusaciones legales, es decir, cuando existe un vínculo previo con el asunto o cualquier circunstancia que comprometa su imparcialidad.
Los magistrados suplentes encargados de sustituir a los titulares permanecen sin nombramiento formal por parte de la Asamblea Legislativa desde el 16 de diciembre de 2025, fecha en que vencieron sus designaciones anteriores.
El Congreso anterior no logró reunir los votos necesarios para nombrarlos y la actual Asamblea, donde la fracción oficialista de Pueblo Soberano tiene un peso determinante, tampoco ha alcanzado un acuerdo para designarlos, pese a múltiples rondas de votación, lo que ha provocado la acumulación de expedientes.
En 41 casos, el pleno de siete magistrados se encontraba imposibilitado para resolver. Ante el riesgo de una parálisis institucional, esta semana la Sala Constitucional dictó una sentencia mediante la cual prorrogó provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes.
La medida regirá de forma transitoria y únicamente para resolver asuntos urgentes, mientras la Asamblea Legislativa elige a los nuevos suplentes. Además, la Sala dejó sin efecto la devolución de la nómina de candidatos que había realizado la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.