ICD le quitó seis vehículos a la Municipalidad de Puriscal por orden de Laura Fernández
Por orden de la presidenta Laura Fernández, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) retiró seis vehículos que utilizaba la Policía Municipal de Puriscal para patrullajes y labores de prevención, con el fin de reasignarlos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), pese a que existen centenares de unidades en bodegas que podrían asignar.
Hace dos semanas, la alcaldía puriscaleña recibió un correo electrónico de la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del ICD en el que se notificaba el retiro de la totalidad de los bienes asignados mediante convenio, bajo el argumento de una "orden superior" de Casa Presidencial.
Fernández ordenó a inicios de mes recoger los carros y bienes prestados por el ICD. Según anunció en su programa televisivo semanal del miércoles anterior, entre los automotores retirados estaban los asignados a Puriscal.
En respuesta a la decisión, la alcaldesa Iris Arroyo presentó una apelación administrativa, argumentando que la municipalidad no incurrió en ningún incumplimiento del convenio y que, debido a la falta de recursos, no cuenta con muchas alternativas operativas para el patrullaje.
Pese a que envió un escrito formal a Casa Presidencial para solicitar una reconsideración, el recurso fue rechazado. El Consejo del ICD, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sometió a votación la revocación de la medida.
El representante del OIJ votó en contra de retirar los vehículos a Puriscal; sin embargo, la mayoría afín al Ejecutivo votó a favor de rescindir el convenio, aduciendo "interés público". Inicialmente, se dio un plazo de una semana para la entrega.
Debido a la exigencia de devolver los vehículos limpios, pulidos y sin la rotulación ni las calcomanías de la Policía Municipal, la alcaldesa solicitó más tiempo y logró que el ICD otorgara un plazo adicional de dos semanas para entregar los automóviles.
También se ordenó la entrega inmediata de una carreta, drones, pantallas de televisión y sistemas de aire acondicionado que estaban bajo préstamo para sostener un Centro de Monitoreo en ese cantón.
Convenio pre-existente
La alcaldesa explicó que, para utilizar estos vehículos, se suscribió un convenio desde 2022, coincidiendo con la creación de una policía local en Puriscal. La Municipalidad inició solicitando un vehículo.
Conforme aumentó la cantidad de oficiales y se extendió la cobertura horaria a un esquema 24/7, el préstamo se amplió gradualmente a cuatro vehículos. El propio municipio tuvo la posibilidad de escoger los automotores, dada la gran flotilla de carros decomisados al crimen organizado que están bajo custodia del ICD.
Puriscal optó por pick-ups diésel de bajo costo de mantenimiento, cuyo gasto debe asumir el Gobierno local, y una Toyota Fortuner destinada a transportar logística para programas preventivos y capacitaciones, dadas las difíciles condiciones de acceso en parte del cantón.
Los términos contractuales establecían que los bienes debían destinarse únicamente a tareas de prevención, seguridad ciudadana y control de drogas a cargo de la Policía Municipal, y quedaba prohibido su uso administrativo. El contrato estipulaba únicamente dos causas legítimas para la restitución antes del vencimiento.
Una es que un juez penal ordenara la devolución del bien incautado al imputado del proceso o que existiera algún incumplimiento contractual y que mediante una investigación y un debido proceso, se demostrara que el municipio utilizó los activos para fines distintos de los pactados. Arroyo explicó que ninguna de esas disposiciones se ha incumplido.
Para la alcaldesa, también existe incertidumbre en cuanto a la inversión hecha por el ayuntamiento, que había pagado para este año las pólizas y los marchamos necesarios para el uso de los automotores. La Municipalidad no cuenta con vehículos de patrullaje propios; quitarle la flotilla deja operativamente desprotegido el servicio de seguridad permanente.
Cientos a disposición
Presidencia solo alegó "interés público" para retirar las unidades y reasignarlas a otros cuerpos policiales del país. Esto, a pesar de que la Municipalidad cuenta con recursos muy limitados en comparación con la flotilla de Seguridad Pública (MSP), que tiene más de 3.500 unidades en su poder.
Además, en las bodegas del ICD existen cientos de vehículos decomisados que podrían ser asignados a otras fuerzas policiales sin despojar al municipio.
Por ejemplo, cifras aportadas por el ICD a CR Hoy al cierre de 2024, se determinó que el Instituto contaba con alrededor de 650 unidades confiscadas durante grandes operativos y casos judiciales que permitieron desmantelar bandas y detener a sospechosos relacionados con el trasiego y la venta de drogas, así como con delitos conexos.
Entre 2021 y 2024, solo había 240 vehículos bajo préstamo, lo que dejaba una cifra importante a disposición. De hecho, Seguridad y Presidencia acumulaban casi 150 carros del narco bajo uso.
La administracióni de esos carros en manos de Presidencia incluso ha enfrentado cuestionamientos e investigaciones judiciales sobre su presunta utilización para espiar a exdiputados de la Asamblea Legislativa o a jerarcas judiciales, como el fiscal general Carlo Díaz.
El miércoles, la viceministra de la Presidencia, Charlyn Sánchez, justificó que el retiro de los vehículos a la Municipalidad de Puriscal forma parte de una primera etapa de revisión que abarca a todas las instituciones que poseen bienes en custodia del ICD, con el objetivo de reasignarlos a los ministerios de Justicia y Seguridad, así como a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Aunque entidades no vinculadas al trabajo policial, como Correos de Costa Rica y el Consejo Nacional de Producción (CNP), también poseen vehículos, sus casos siguen en trámite. Fernández respaldó la decisión e indicó que el objetivo no es "importunar a nadie". Además, argumentó que no es justificable que falten patrullas, repuestos o llantas en los cuerpos policiales.