Alcaldesa sospecha de una estrategia de presión de Casa Presidencial por retiro de vehículos
La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo, considera que detrás de la directriz de la presidenta Laura Fernández de retirar seis vehículos a su Policía Municipal y equipo prestado para patrullajes y labores contra el crimen existiría un trasfondo político de presión, similar a lo sucedido con otros gobiernos locales que no son afines al oficialismo.
La decisión parece no haberse tomado bajo criterios técnicos, dado que la revocatoria del préstamo de los carros se basó en un "interés público" para trasladarlos a otros cuerpos policiales, sin que se incluyera ningún dictamen técnico que justificara por qué era indispensable desmantelar la flota de Puriscal en lugar de utilizar los cientos de vehículos decomisados que permanecen almacenados en las bodegas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Tampoco se hizo una valoración técnica sobre la afectación a la seguridad ciudadana del cantón, considerando que la Policía Municipal de Puriscal no disponía de vehículos propios para sustituir la flota retirada. A esto se suma la inexistencia de algún informe que señalara un mal uso o desvío de los activos, ya que estaban plenamente operativos en patrullajes 24/7 y labores preventivas.
Además, otras entidades sin labores policiales, como Correos de Costa Rica o el Consejo Nacional de Producción (CNP), también tienen carros confiscados al narco prestados por el ICD, pero su devolución no fue tan expedita.
Presiones partidarias
Iris Arroyo sostiene que el retiro de los vehículos no es un hecho aislado, sino parte de un "bloqueo absoluto" por parte del Poder Ejecutivo hacia su administración y otros gobiernos locales gestionados por la oposición.
Eso, según afirma, se demuestra en que le niegan audiencias sistemáticamente en instituciones públicas y que, en las pocas ocasiones en que ha sido recibida, los funcionarios le manifestaron que no podían tomarse fotografías con ella para dejar constancia de la gestión, alegando "órdenes superiores" para no comprometerse ni dejar evidencia de la reunión.
Durante las asambleas de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), diversos alcaldes denunciaron presiones directas para votar por candidatos alineados al Gobierno central en las juntas directivas.
Entre los condicionamientos relatados por sus homólogos destacan amenazas de frenar desembolsos de créditos en trámite ante el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) o paralizar la construcción de infraestructura vial, como puentes gestionados con el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), si no cedían a la línea del oficialismo.
Arroyo enfatiza que la Municipalidad mantiene la disposición de trabajar de la mano con el Gobierno central por el bienestar cantonal, pero critica esa postura de trato diferenciado y pone como ejemplo su cantón vecino de Mora, donde la alcaldía —de línea afín al Gobierno, según Arroyo— conservó los vehículos prestados por el ICD sin recibir solicitudes de devolución.
"Queremos trabajar con el Gobierno de la mano por nuestros cantones, pero solamente por no tener o no aceptar la bandera de ellos nos hacen un bloqueo absoluto. Es lo único, la única diferencia, al no aceptar la bandera de ellos. Si fuese tan fácil como simplemente ponerse la bandera, ¿pero por qué la obsesión de que todos tengamos la misma bandera?
Y esa bandera (que pretenden poner) no es la bandera del país. Es lo que a uno no le parece porque ya se vuelve un tema de afectación país, no, no es un tema cantonal", detalló Arroyo.
Vía judicial
El recurso de apelación administrativa interpuesto por la alcaldesa no fructificó. Arroyo envió una nota dirigida directamente a la mandataria Fernández con el fin de apelar la decisión y solicitar que recapacite.
Sin embargo, aclaró que no podía quedarse esperando una respuesta durante muchos días, ya que la fecha fijada por el ICD para el retiro de los vehículos era sumamente próxima y revertir la medida resultaría casi imposible una vez entregados.
Por esa razón, paralelamente agotó los recursos administrativos ante el ICD y llevó el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Allí solicitó una medida cautelar de urgencia para congelar la orden de devolución y mantener la vigencia del convenio.
El Concejo Municipal aprobó ayer la gestión. La pretensión exige que el Estado demuestre técnicamente el supuesto "interés público" y respete la seguridad jurídica de las inversiones realizadas por el municipio en pólizas, mantenimiento y marchamos.
Además, reclamó el incumplimiento de las cláusulas que señalan que la devolución de los bienes solo se puede pedir por orden de un juez penal o por falta de cumplimiento de los fines establecidos en el convenio.
El Concejo Municipal respaldó ayer la gestión. La pretensión exige que el Estado demuestre técnicamente el supuesto "interés público" y respete la seguridad jurídica de las inversiones realizadas por el municipio en pólizas, mantenimiento y marchamos.
Además reclamó el incumplimiento de las claúsulas que señalan que la devolución de los bienes solo se puede pedir por orden de un juez penal o por falta de cumplimiento de los fines.
Patrón repetido
La denuncia de Arroyo se suma al reciente caso de Sarapiquí. Fernández Delgado inauguró el puente sobre el río Bijagual sin invitar a ningún miembro del ayuntamiento, algo distinto de la tradición.
La alcaldesa Vanessa Rodríguez externó públicamente su indignación al recordar que la obra fue gestionada, fiscalizada y presionada directamente por la Municipalidad a raíz de las emergencias climáticas.
Otro de los casos con mayores tensiones es el del alcalde de San José, Diego Miranda, quien denunció públicamente en agosto de 2026 que Casa Presidencial inició una campaña de "sabotaje político" en su contra, tal como lo ha documentado este medio.
Según detalló, la fricción comenzó tras negarse a respaldar a ciegas al oficialismo dentro de las organizaciones del régimen municipal, lo que, según él, provocó trabas del Gobierno hacia proyectos locales como el Festival de la Luz, el Concierto Gratuito de Fin de Año y otras iniciativas de infraestructura, seguridad y educación.
La tensión escaló visiblemente, como reveló CR Hoy el pasado 14 de septiembre de 2026, cuando Miranda confirmó que Presidencia intentó excluirlo de los protocolos oficiales de las Fiestas Patrias y retirarle su espacio de palabra.
Las dos alcaldesas, de Puriscal y Sarapiquí, son de Liberación Nacional, mientras que el alcalde capitalino pertenece al partido cantonal Juntos por San José.
En el pasado han existido otras denuncias de municipios que recibieron acercamientos del Gobierno de Rodrigo Chaves, especialmente en época de campaña electoral, para renunciar a sus partidos y ceder su apoyo a Pueblo Soberano, agrupación que llevó a Fernández a la Presidencia. La mandataria negó el miércoles intentos de "importunar" a alguien.