Propuesta para reformar Ley de Violencia Contra las Mujeres no incide en organización del Poder Judicial

Durante la sesión de Corte Plena, el magistrado Rafael Segura presentó un informe sobre el expediente legislativo N.° 24.901, en el que concluyó que las reformas jurídicas planteadas no inciden en la organización del Poder Judicial.

Segura explicó que el proyecto, titulado "Reforma a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, la Ley contra la Violencia Doméstica y el Código Penal para Aplacar la Violencia de Género. Ley Katherine Garro", introduce nuevas metas a nivel organizacional dentro del Poder Judicial, pero estas ya están previamente establecidas y no generan afectaciones adicionales. Además, destacó que la iniciativa no contempla una adición presupuestaria.

No obstante, el Ministerio Público advirtió que la propuesta sí implica cambios relevantes, ya que impone nuevas obligaciones de capacitación para los fiscales encargados de la ejecución de la pena.

Por su parte, la Dirección Jurídica coincidió en que hay afectación, en tanto que se introduce el uso de monitoreo electrónico como parte de penas con medidas de instrucción, y se establece la necesidad de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para el seguimiento de penas alternativas.

Además, se advirtió de una carga operativa y humana adicional, debido al incremento de trabajo para los fiscales, así como del impacto presupuestario que implicaría la contratación de personal, la capacitación especializada y la adecuación de los sistemas informáticos.

Pese a estas observaciones, Segura sostuvo que el objetivo del proyecto se limita, principalmente, al control de penas alternativas previstas en la legislación.

Según el magistrado, la propuesta busca reforzar el tratamiento reeducativo y psicoterapéutico especializado para ofensores, con el fin de orientar el control de conductas violentas y favorecer la rehabilitación de personas con tendencia a la violencia de género.