Gobierno aprovecha detención de “Diablo” para atacar al Poder Judicial

Nicoya. La presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, aprovecharon la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", para arremeter contra el Poder Judicial y cuestionar la gestión de jueces y jerarcas judiciales durante el Consejo de Gobierno realizado este sábado en Nicoya, en el marco de la conmemoración de los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

Ambos jerarcas atribuyeron al Poder Judicial la permanencia en libertad del supuesto líder criminal durante una década y rechazaron las críticas surgidas tras el recorte presupuestario que enfrenta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las declaraciones se producen un día después de que el director interino del OIJ, Michael Soto, revelara que, mientras concluía la Operación Némesis que permitió la captura del prófugo más buscado del país en Sarapiquí, recibió la notificación de un nuevo recorte presupuestario para la institución.

El anuncio generó cuestionamientos hacia el Gobierno, al considerar que la reducción de recursos contrasta con el discurso oficial de combate a la criminalidad.

Rodrigo Chaves aseguró que lo ocurrido con Arias Monge es consecuencia de una decisión judicial adoptada hace diez años.

"Lo que ayer pasó, hablemos en plata blanca, fue que el Poder Judicial, los jerarcas, arreglaron la torta que se jalaron hace 10 años. Lo agarraron por dos asesinatos hace 10 años y uno de esos jueces lo mandó a firmar cada 15 días al angelito este", manifestó.

El ministro también cuestionó que la captura se produjera precisamente cuando la Asamblea Legislativa analiza una reducción presupuestaria al Poder Judicial.

"Después de 10 años, con presupuesto lleno, con crecimientos, lo agarran cuando el pueblo de Costa Rica, a través de la Asamblea Legislativa, va a considerar un recorte pequeñito a un presupuesto gigantesco. Eso mi abuela le llamaba ser oportunista, convenienciero, hipócrita y aprovechado", afirmó.

Además, sostuvo que existe "un movimiento coordinado de una oposición obstruccionista y comunista que se alió al Poder Judicial para meterle miedo a los guanacastecos y al resto del país".

Por su parte, la presidenta Laura Fernández cuestionó las declaraciones brindadas por Soto el viernes y defendió el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno.

"Yo podría creerle a don Michael Soto si no estuviera al tanto de la buchaca de plata que tienen guardada en el Banco de Costa Rica. El pueblo no come cuentos, lo que estamos solicitando es un ajuste", expresó la mandataria.

Fernández aseguró que el Poder Judicial cuenta con salarios "millonarios", un fideicomiso y recursos que, según indicó, no ejecuta cada año.

"El Diablo anduvo suelto 10 años mientras debía estar preso. En esos 10 años, porque al muñequito, como tenía domicilio fijo, le dijeron: 'con que venga a firmar cada 15 días, Diablo, puede irse para afuera de la cárcel'", señaló.

La presidenta agregó que, durante ese período, Arias Monge habría sido responsable de alrededor de 200 homicidios.

"Entonces, yo con mucho respeto al Poder Judicial voy a continuar con mi trabajo, pero que no crea que porque lo que hicieron ayer le salió bien a Costa Rica entera se le va a olvidar que, por la chambonada y la mala gestión del Poder Judicial, el Diablo mató alrededor de 200 costarricenses que son hijos de alguna madre que estoy segura todavía hoy los llora", afirmó.

Fernández también comparó las acciones tomadas por el Ejecutivo ante posibles actos de corrupción con las del Poder Judicial.

"Solo el año pasado, desde el Gobierno de la República despedimos alrededor de 70 oficiales de la Fuerza Pública porque los corrompieron. Yo le pregunto al Poder Judicial: ¿ellos a cuántos han despedido por filtración de narcotráfico?", cuestionó.

Las críticas del Ejecutivo surgen luego de que Soto advirtiera que el OIJ enfrenta un nuevo recorte presupuestario. El jerarca explicó que la norma 10 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto de 2026 dispone que los recursos correspondientes a plazas vacantes del sector público no utilizados entre el 1.° de enero y el 30 de junio deberán destinarse al fortalecimiento del OIJ y del Ministerio de Seguridad Pública.

Según el director interino, la noticia le fue comunicada por el administrador del OIJ mientras aún se desarrollaban las labores posteriores al operativo que permitió la captura de Arias Monge.