Extradición de la primera tica requerida por EE. UU. queda en suspenso por apelación
La primera mujer costarricense requerida por Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico recibió autorización judicial para ser extraditada. Sin embargo, Shirley Gómez, alias "La Güera", y su pareja, Frankin Viveros, no serán entregados por ahora, pues sus abogados apelaron la resolución.
El Tribunal Penal de San José aprobó el 14 de setiembre la extradición de ambos costarricenses, quienes son requeridos por la Corte del Distrito de Arizona por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.
La defensa impugnó el fallo dentro del plazo de tres días establecido para hacerlo.
A ambos se les acusa de traficar grandes cantidades de cocaína para enviarlas a Norteamérica y de conspirar para distribuir la droga con conocimiento de que sería introducida ilegalmente en ese país. Según la acusación estadounidense, operaban como líderes locales de una red conectada con Colombia, Panamá y México.
El proceso de extradición comenzó en Costa Rica el 13 de marzo de 2026, cuando las autoridades capturaron a los sospechosos.
Viveros, de 50 años, fue interceptado en La Sabana y Gómez, de 39 años, fue detenida ese mismo día en Ciudad Neily, en la zona sur.
Los argumentos de la defensa
La defensa se opuso a la extradición con cuestionamientos sobre la aplicación de la reforma constitucional que permite entregar a costarricenses requeridos por otros países.
Uno de los principales argumentos fue que los hechos investigados ocurrieron en julio de 2024, antes de que entrara en vigor esa reforma. Por esa razón, los abogados alegaron que aplicar la nueva disposición implicaría una aplicación retroactiva de la ley.
El juez rechazó ese planteamiento al considerar que el narcotráfico es un delito de carácter continuo. Según la resolución, los documentos enviados por Estados Unidos indican que la actividad criminal atribuida a los acusados se extendió hasta el 1.° de octubre de 2025. Por ello, determinó que la reforma constitucional sí resulta aplicable.
La defensa también cuestionó la participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la investigación. Alegó que sus agentes realizaron compras encubiertas de droga sin un acuerdo oficial de cooperación internacional avalado por la Cancillería.
El juez consideró que la validez de las pruebas recolectadas por la DEA deberá discutirse ante los tribunales de Arizona durante el juicio de fondo, y no en la fase de extradición.
Mientras se resuelve la apelación, Viveros permanece recluido en el módulo de máxima seguridad de La Reforma y Gómez se encuentra en la cárcel Vilma Curling Rivera.
La red internacional de narcotráfico
Según la acusación estadounidense, la estructura tenía su base de producción en Colombia. Allí operaban laboratorios clandestinos con capacidad para procesar grandes cantidades de cocaína, que luego se distribuían hacia mercados como Phoenix, Arizona.
La organización también coordinaba rutas marítimas y aéreas para trasladar la droga. Desde Panamá, el guatemalteco Óscar Enrique Virula Arredondo se encargaba de organizar los envíos mediante lanchas rápidas y aeronaves, además de administrar una red de casas de seguridad.
Virula podía ofrecer a sus contactos cargamentos de hasta 500 kilogramos por transacción, según los documentos judiciales.
Los costarricenses tenían a su cargo la operación local. Recibían vuelos quincenales con droga procedente de Colombia y administraban las casas de seguridad utilizadas por la organización.
La investigación también vinculó a los sospechosos con el decomiso de 273 kilos de cocaína ocultos en dos vehículos en agosto de 2024.
La red quedó expuesta luego de que informantes de la DEA documentaran en video las negociaciones y realizaran compras controladas de droga en San José y Cali. Los seis líderes fueron acusados el 1.° de octubre de 2025.