Exgerente de EBI condenado por soborno es investigado por ejercicio ilegal de profesión
Fotografía de Juan Carlos Obando Umaña. Tomada de Facebook.
Juan Carlos Obando Umaña, exgerente de la empresa Berthier EBI, financista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y condenado por soborno, enfrenta una investigación del Ministerio Público por el presunto ejercicio ilegal de profesión del Derecho.
La Fiscalía de Pavas confirmó que investiga al empresario. Sin embargo, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no brindó más detalles.
En los últimos días, el nombre de Obando Umaña volvió al foco de la opinión pública porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene bajo investigación su solvencia económica. En agosto de 2025, el empresario donó ₡5 millones a la agrupación política que llevó a Laura Fernández a la Presidencia de la República.
Investigación por presunto ejercicio ilegal
El periodista Álvaro Sánchez informó en el medio Expediente que la Fiscalía acusó al empresario el 13 de octubre por, supuestamente, cobrar más de $50.000 a un ciudadano estadounidense tras presentarse como abogado, pese a que no está habilitado para ejercer esa profesión.
Los hechos habrían ocurrido entre abril de 2021 y 2022. Según la información publicada, Obando Umaña contactó en Escazú a un estadounidense identificado como Chad Dewey Caldwell, quien buscaba asesoría sobre conflictos civiles, familiares y penales, así como sobre bienes ubicados en Costa Rica.
Se intentó conseguir una versión de Obando sobre la denuncia en su contra, pero no respondió las consultas telefónicas.
Investigación del TSE
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) confirmó este jueves 5 de noviembre a CR Hoy que el estudio contra Obando Umaña sigue abierto. Además, indicó que Obando debe atender una solicitud para aclarar y ampliar la información que presentó inicialmente sobre su capacidad económica.
El órgano electoral explicó que analiza la documentación aportada por el financista, pero que todavía necesita información adicional para continuar el estudio.
Condena previa
En enero de 2010, un tribunal sentenció a Obando Umaña a un año de cárcel por cohecho impropio, en la modalidad de penalidad del corruptor.
Este delito se configura cuando un particular entrega, ofrece o promete una dádiva a un funcionario público para que realice un acto propio de sus funciones que no es ilegal.
El caso se remonta a la época en que Obando trabajaba como gerente de Berthier EBI, empresa perteneciente a un grupo canadiense y dedicada a la recolección, el transporte y la disposición final de basura y desechos.
La investigación judicial determinó que, mientras ocupaba ese cargo, Obando facilitó un beneficio económico al entonces alcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán, para que este recuperara su vivienda.
Por esos mismos hechos, un tribunal condenó al exalcalde a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito, cohecho impropio —por recibir una dádiva— y tres delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes.
La causa se relaciona con hechos ocurridos entre 2005 y 2006, cuando EBI obtuvo la administración del relleno sanitario de El Huaso, en Aserrí. En ese contexto, Obando facilitó el beneficio económico a Morales Guzmán mediante una operación relacionada con una deuda hipotecaria.
Gobierno condiciona obras en Turrúcares al retiro de procesos contra EBI
La investigación contra el financista del PPSO coincide con una nueva controversia relacionada con EBI.
La noche del miércoles 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, defendió la apertura de un relleno sanitario de la compañía canadiense en Turrúcares de Alajuela.
Los vecinos expresaron su oposición al proyecto. Mientras que el ministro ofreció invertir casi ₡6.000 millones en obras comunales si permiten abrir el relleno, denominado Parque de Tecnología Ambiental.
Entre los proyectos prometidos figuran centros de cuido para niños y adultos mayores, mejoras en las rutas nacionales 721 y 136, dos puentes, un colegio técnico profesional y espacios comunitarios y deportivos.
Sin embargo, Chaves condicionó las inversiones a que el Concejo Municipal de Alajuela retire, antes del 2 de diciembre, los procesos de lesividad que buscan revertir los permisos del relleno sanitario.
El jerarca argumentó que esa fecha constituye un límite porque el Ministerio de Hacienda debe destinar recursos para defender al país en un arbitraje internacional promovido por EBI.