Presidenta del Congreso descarta 38 votos para Presupuesto, pese a criterio de la Corte
Yara Jiménez, presidenta del Congreso, en mesa del Directorio Legislativo. Foto: Asamblea Legislativa.
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, descartó que el Presupuesto Nacional 2027 requiera 38 votos para su aprobación, pese a que la Corte Suprema de Justicia advirtió que el plan de gastos afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Jiménez sostuvo que basta con mayoría absoluta, es decir, 29 votos, y citó el artículo 119 de la Constitución Política. El Bloque Democrático cuestionó la decisión y denunció un vicio de procedimiento.
Pueblo Soberano (PPSO) aprobó el plan de gastos en primer debate el jueves, únicamente con sus votos. Su jefe de fracción, Nogui Acosta, reconoció que el presupuesto sí contempla recortes.
La controversia gira en torno a las normas de ejecución presupuestaria impuestas por el Ministerio de Hacienda. Estas condicionan el uso de recursos y mantienen congelados ₡30.000 millones del presupuesto del Poder Judicial.
La Corte remitió al Congreso un documento en el que se refiere a una consulta legislativa sobre el presupuesto. El texto incluye un informe jurídico que concluye que el plan de gastos sí afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Ángela Aguilar también consultó a la Corte. Los magistrados respondieron que un plan de gastos con recortes al Poder Judicial, como el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026, requiere 38 votos para su aprobación.
La presidenta de la Sala Tercera, la magistrada Patricia Solano, considera que el Presupuesto Nacional debería aprobarse por mayoría calificada, debido a que afecta el funcionamiento de la institución.
Ante el Plenario, Jiménez se refirió al procedimiento para consultar a la Corte.
"Ni la Comisión de Asuntos Hacendarios, ni esta Presidencia ni ningún órgano de esta Asamblea Legislativa ha realizado una consulta oficial por medio de moción u otro acto oficial a la Corte Suprema de Justicia, según lo indica el artículo 167 de la Constitución", afirmó Jiménez.
La presidenta legislativa sostuvo que ni el oficio de la Corte ni la respuesta remitida a Aguilar constituyen una consulta oficial de un órgano del Congreso. Por esa razón, descartó que esos documentos obliguen a aprobar el presupuesto con 38 votos.
"Es un oficio similar que envían las instituciones del Estado", manifestó.
Jiménez añadió que, en caso de existir un conflicto relacionado con el presupuesto, corresponde al Gobierno resolverlo.
Bloque Democrático apela resolución de Jiménez
Una consulta facultativa de constitucionalidad presentada por diputados de oposición sostiene lo contrario. Según el documento, el Congreso está obligado a consultar a la Corte Suprema de Justicia cuando el Presupuesto Nacional afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
La consulta advierte que, si los legisladores se apartan del criterio de la Corte u omiten la consulta obligatoria, se requerirían 38 votos para aprobar el presupuesto, en lugar de la mayoría ordinaria.
La diputada María Eugenia Román, subjefa de fracción del Frente Amplio (FA), apeló la resolución de Jiménez. Román cuestionó que se descarte la existencia de una consulta, pese a que la Corte remitió un oficio en el que señala la afectación de las normas presupuestarias al Poder Judicial.
"Es una falacia, porque ante esa situación, cualquier proyecto de ley que ustedes tengan temor de que afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, simplemente no se lo consultan. Entonces, incurre en otro vicio sustancial de procedimiento", señaló Román.
La frenteamplista recordó que el Reglamento de la Asamblea Legislativa impide realizar el segundo debate del presupuesto antes del 29 de noviembre, aunque se pretenda acelerar el trámite.
También criticó que Jiménez no remitiera el expediente a la Sala Constitucional sino hasta el jueves, pese a que ese tribunal le había pedido enviarlo a la mayor brevedad. La Sala lo necesita para tramitar las consultas de constitucionalidad presentadas contra el presupuesto.
"Otra vez es un acto adrede de su parte [de Yara Jiménez] para no dar tiempo a que la Sala Constitucional pueda referirse sobre las consultas de constitucionalidad", cuestionó.
El Bloque Democrático apeló la decisión de la presidenta legislativa, pero los diputados de Pueblo Soberano rechazaron el recurso.
Poder Judicial
- Bloqueo de ₡29.844 millones, distribuidos en 313 líneas de gasto.
- Establecimiento de controles estrictos sobre los movimientos internos de las partidas presupuestarias. Estos deberán contar con autorización del Ministerio de Hacienda y, posteriormente, de la Comisión de Asuntos Hacendarios y del Plenario Legislativo, mediante un presupuesto extraordinario.
- Inclusión de una norma que condiciona el pago de compensaciones a los jueces por labores administrativas.
- Restricciones para utilizar y nombrar personal en las plazas vacantes de sus principales programas.
Otros recortes presupuestarios
- CCSS: ₡159.369 millones. Rebaja en el programa de atención a habitantes de calle.
- Cen-Cinai: ₡56.474 millones. Reducción de recursos para los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral.
- Banhvi: ₡33.314 millones. Rebaja del fondo de subsidios de vivienda.
- Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): ₡8.048 millones. Recorte correspondiente a los recursos postergados.
- Hacienda y CCSS: ₡4.190 millones cada uno. Reducción en la amortización de la deuda interna y en el régimen de pensiones de la CCSS, respectivamente.
- IMAS: ₡911 millones. Recorte del programa de prestación alimentaria.
- Lanamme: ₡250 millones. Reducción de la transferencia del MOPT al laboratorio adscrito a la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ahora, el Presupuesto Nacional 2027 deberá discutirse en segundo debate en el Plenario Legislativo, a partir del 9 de noviembre.