Empresa ligada a financistas de Fernández suma 5 contratos con el Estado, 4 por procesos especiales
Igor Roquim, representante de SGVS.
SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., empresa integrante del consorcio que obtuvo un contrato millonario para suministrar 40 ambulancias al Cuerpo de Bomberos, registra al menos cinco procedimientos adjudicados por instituciones públicas desde 2022, durante las administraciones de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado, de los cuales cuatro se hicieron por procedimientos especiales de excepción.
Los registros de contratación pública identifican adjudicaciones relacionadas con ambulancias, tobilleras electrónicas, equipos de vigilancia marítima, radares y servicios para detectar fugas de agua.
Las cinco instituciones que adjudicaron estos procedimientos son el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Justicia y Paz. Solo el del MOPT se hizo por licitación mayor.
Los procedimientos aparecen vinculados con la cédula jurídica 3-101-615423, correspondiente a SGSV, aunque algunos negocios involucran consorcios integrados por otras compañías.
Los registros de adjudicación consultados muestran montos de referencia superiores a ₡7.000 millones, principalmente por el contrato de ambulancias. Sin embargo algunos contratos operan según demanda o establecen precios unitarios, por lo que los montos son variables.
La participación de la empresa en negocios públicos cobró relevancia después de que trascendieran los vínculos de dos de sus representantes con el financiamiento de la campaña presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Bomberos: 40 ambulancias por más de ₡6.300 millones
La adjudicación más cuantiosa corresponde al contrato para suministrar 40 ambulancias de soporte avanzado al Cuerpo de Bomberos.
La institución adjudicó el procedimiento especial 2026XE-000002-0012800001 al Consorcio SGSV–Bem Estar Hospitalar, por aproximadamente ₡6.324 millones, equivalentes a una oferta de $13,88 millones.
Bomberos recurrió a un mecanismo de contratación por urgencia y descartó a dos proveedores nacionales que ofrecían precios inferiores.
Comercializadora Técnica Industrial del Oeste (Cotisa S. A.) presentó una oferta por $11,5 millones más barata que la del consorcio ganador, mientras que AutoStar Vehículos S. A. también ofreció las unidades por $13,7 millones.
Sin embargo, la institución consideró excesivos los plazos de entrega de ambas empresas, de 240 días, frente a los 100 días ofrecidos por el consorcio después de aprobar el prototipo.
La adjudicación generó nuevos cuestionamientos cuando el proveedor solicitó una prórroga de 15 días naturales para presentar la primera ambulancia.
En documentos fechados el miércoles 4 de noviembre y publicados el jueves 5 de noviembre en Sicop, Bomberos reconoció que una omisión de la propia institución provocó alteraciones en el cronograma contractual.
La Dirección Operativa admitió que solicitó los vehículos de color rojo, pero no especificó inicialmente el código Pantone correspondiente a su flotilla.
Bomberos aprobó la ampliación del plazo y programó una inspección del prototipo en una fábrica de Brasil para los días 19 y 20 de noviembre.
El plazo de 100 días naturales para entregar las otras 39 ambulancias comenzará a contabilizarse después de que la institución apruebe el prototipo.
Ambulancia de Bomberos. Foto: Archivo
MOPT: contrato de ₡576 millones para vigilancia marítima
Otro de los negocios adjudicados a SGSV corresponde al alquiler de equipos para la Estación de Tráfico Marítimo (VTS) de Moín, en Limón.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tramitó la contratación mediante el procedimiento 2025LY-000029-0012400001, con un presupuesto de ₡600 millones.
Los registros de adjudicación identifican un monto aproximado de ₡576,4 millones para el servicio.
La contratación contempla equipos destinados a la vigilancia y gestión del tráfico marítimo, como parte de las operaciones portuarias.
El procedimiento se desarrolló durante la administración de Rodrigo Chaves y registra actuaciones contractuales durante 2026.
Cristian Rodríguez Villalobos, vinculado con SGSV y financista de la campaña de Laura Fernández, también figura en gestiones relacionadas con esta contratación.
Rodríguez participó en una visita a la Capitanía de Puerto Moín el 3 de febrero de 2026, junto con Nilson Oliveira Gomes, como parte de las gestiones relacionadas con el servicio.
Contratos en Seguridad Pública y AyA
SGSV también obtuvo adjudicaciones dentro de un procedimiento del Ministerio de Seguridad Pública para comprar antenas de radar y radares marinos.
El concurso corresponde al expediente 2026LY-000003-0007100001, tramitado mediante licitación mayor.
Los registros de adjudicación identifican nueve líneas a favor de SGSV, por un monto de referencia aproximado de ₡157,7 millones. Otras tres líneas aparecen adjudicadas a Náutica J J S. A.
El procedimiento comenzó durante los últimos meses de la administración Chaves Robles.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados también adjudicó a SGSV un procedimiento para detectar y localizar fugas de agua no visibles.
La contratación corresponde al expediente 2026XE-000009-0021400001 y se tramitó mediante un procedimiento especial.
El concurso registraba un presupuesto de ₡299.982.752,01, aunque los registros de adjudicación consultados identifican aproximadamente ₡40,9 millones asociados con las líneas adjudicadas a la compañía.
La contratación contempla servicios según demanda para detectar fugas en sistemas de abastecimiento de agua potable.
El procedimiento corresponde a 2026, durante la administración de Laura Fernández.
Justicia: contrato de tobilleras electrónicas
La participación de SGSV en contratos estatales comenzó antes de la actual administración.
La empresa figura en el procedimiento 2022LI-000001-0006900001 del Ministerio de Justicia y Paz, relacionado con el arrendamiento operativo de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos a la prisión.
Este negocio corresponde al sistema de tobilleras electrónicas que utiliza el Estado para monitorear a personas sujetas a determinadas medidas judiciales.
SGSV participa en el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, junto con Racsa y la empresa brasileña Synergye. El servicio comenzó a ejecutarse en noviembre de 2024.
Igor de Oliveira Roquim, representante del consorcio adjudicatario de las ambulancias, también figura como representante del grupo empresarial relacionado con el monitoreo electrónico.
El consorcio reclamó un incremento de hasta un 72,2 % en las tarifas por el uso de los dispositivos, bajo el argumento de que existe un desequilibrio económico en el contrato.
La contratación funciona mediante precios unitarios y según demanda, por lo que no resulta correcto sumar su valor unitario a los montos globales de las demás adjudicaciones.
Tobilleras electrónicas. Foto: AFP
Dos financistas del PPSO vinculados con la empresa
La presencia de SGSV en contrataciones estatales también adquirió relevancia después de que trascendieran los vínculos de dos de sus representantes con el financiamiento de la campaña presidencial de Laura Fernández.
Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, quienes compraron bonos del Partido Pueblo Soberano por un total de ₡52 millones.
Según registros del TSE, Rodríguez adquirió títulos por ₡43 millones, mientras que Rothe compró bonos por ₡9 millones.
Rodríguez figura como representante legal de SGSV y se identifica como director regional de Ventas para América Central.
Rothe aparece como fiscal de la sociedad posee el 18,81 % de sus acciones, de acuerdo con una declaración de beneficiarios finales incorporada a un expediente de Sicop.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también investiga la solvencia económica de ambos financistas para determinar el origen de los recursos utilizados en la compra de los bonos.
SGSV también figura como oferente única en contratación del ICE
Además de los cinco procedimientos adjudicados, SGSV participa en otra contratación millonaria que tramita el Instituto Costarricense de Electricidad.
Se trata de una compra de enrutadores Huawei para servicios de internet residencial, estimada en ₡3.580 millones.
El ICE tramita el procedimiento 2026XE-000714-0000400001 mediante una contratación directa de excepción. El instituto identificó inicialmente a tres posibles proveedores de los equipos, pero únicamente recibió una oferta.
La propuesta corresponde a un consorcio integrado por Productive Business Solutions (PBS) y SGSV y se cerró el 6 de octubre de 2026.