Fiscal sobre investigación por ambulancias en Bomberos: “No descartamos otras acciones ilícitas”
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación por la compra de 40 ambulancias por parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, una contratación de cerca de ₡6.500 millones.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que abrió una causa de oficio el 2 de noviembre ante posibles irregularidades en el procedimiento utilizado para adjudicar el contrato a un consorcio empresarial brasileño.
Aunque el caso se investiga como un delito contra la hacienda pública, Díaz señaló que podrían existir otros delitos. "No descartamos que existan otras acciones ilícitas", afirmó.
El jerarca explicó que, en una primera etapa, revisarán toda la información contenida en el expediente del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para conocer el caso y, posteriormente, indagarán con la información que deban recopilar en otras instancias.
El caso se relaciona con la adquisición de 40 ambulancias por aproximadamente $13,8 millones, mediante un procedimiento especial de contratación en el que, según la información trascendida, Bomberos invitó únicamente al consorcio adjudicatario a presentar una oferta formal.
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. CRH
Uno de los principales cuestionamientos es que otras empresas con experiencia en el mercado costarricense habrían quedado fuera del proceso pese a haber presentado cotizaciones inferiores.
La causa se tramita por el delito de influencia contra la hacienda pública.
El caso también cobró relevancia luego de que trascendiera que dos personas vinculadas con la empresa SGSV, integrante del consorcio adjudicatario, figuran entre los financistas de la campaña electoral del partido Pueblo Soberano.
Paralelamente, la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que recibió una denuncia relacionada con esta contratación, la cual se encuentra en fase de admisibilidad.
La investigación del Ministerio Público busca determinar si hubo actuaciones irregulares en el proceso de adquisición. Por el momento, la apertura de la causa no representa una declaración de culpabilidad contra las personas o empresas involucradas.