Grupo criminal tomó casi 3 mil hectáreas en San Carlos y va por 150 propiedades más
Denuncia regidor de la zona
Imagen con fines ilustrativos.
Juan Pablo Rodríguez Acuña, regidor de la Municipalidad de San Carlos, denunció que un grupo criminal identifica propiedades supuestamente en condición de precario para promover su ocupación, principalmente por ciudadanos nicaragüenses.
Según los reportes que ha recibido, las ocupaciones afectan unas 36 fincas que abarcan aproximadamente 2.820 hectáreas en sectores como Banderas de Pocosol, Moravia y Coopevega de Cutris.
El regidor advirtió que la situación podría agravarse, pues el grupo tendría otras propiedades en la mira.
"Tenemos informes que indican que la banda mantiene bajo la mira unas 150 propiedades para promover nuevas ocupaciones", afirmó.
Solicitan convocar a jerarcas del Gobierno
El pasado 26 de octubre, Rodríguez Acuña y el también regidor Esteban Rodríguez Murillo solicitaron al Concejo Municipal de San Carlos convocar a los ministros de Seguridad Pública y de Ambiente y Energía, así como al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
La solicitud busca conocer el panorama actual de seguridad en Crucitas y Cerro Conchuditas.
Los representantes municipales expresaron su preocupación por la minería ilegal, el presunto contrabando de oro y otros materiales hacia Nicaragua, las tensiones geopolíticas y ambientales, y los reportes sobre personas armadas y usurpaciones de fincas en la frontera.
Ambos pidieron que las autoridades presenten, en una sesión ordinaria o extraordinaria, un diagnóstico oficial sobre seguridad fronteriza, delitos ambientales, ocupaciones de tierras y seguridad nacional, con respeto a las reservas legales de información.
Además, solicitaron un espacio en la agenda para que dos vecinos de las comunidades fronterizas afectadas expongan sus testimonios.
Buscan fortalecer la coordinación institucional
Los proponentes consideran que la comparecencia conjunta permitiría identificar necesidades de coordinación entre las autoridades nacionales, la Municipalidad, los concejos de distrito y las organizaciones comunales, dentro de sus respectivas competencias.
La iniciativa también busca fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a información oficial.
Los regidores recalcaron que su propuesta respeta la distribución constitucional y legal de competencias entre el gobierno local y las autoridades nacionales. Aclararon que no pretende ordenar operativos, dirigir investigaciones, intervenir en asuntos diplomáticos ni sustituir las decisiones de los órganos competentes.
A su criterio, la población de San Carlos tiene un interés legítimo en conocer las acciones que las instituciones desarrollan para atender los reportes en la zona fronteriza.
También consideran necesario conocer las medidas previstas para proteger a las comunidades, las propiedades legítimamente ocupadas o inscritas, los recursos naturales y la seguridad de las personas.