Presidenta de CCSS reinstaló en puestos a investigados por compras de mascarillas

(CRHoy.com) La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, reinstaló a dos funcionarios que el Ministerio Público investiga por aparentes irregularidades en la compra de mascarillas.

Esa determinación se concretó el 23 de enero de 2023, un mes antes de los allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en el marco de una pesquisa en la que figuran el director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, Miguel Salas Araya, así como el jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Maynor Barrantes Castro.

Las reinstalaciones fueron confirmadas dos días después por la propia jerarca -a través de su oficina de prensa- ante una consulta de CRHoy.com.

Esquivel Rodríguez adujo entonces que "los motivos iniciales para las medidas cautelares que establecieron los traslados como resguardo de los procesos en las primeras etapas y para asegurar el adecuado desarrollo de las investigaciones carecen actualmente de pertinencia jurídica".

Precisó entonces que las investigaciones administrativas por las supuestas anomalías en la compra de los respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95 se encontraban en etapas avanzadas de cara a los informes que debía emitir el órgano director.

"De tal manera que el retorno de los funcionarios a sus puestos de trabajo no representa un peligro para los procedimientos", indicó la jerarca.

Sin ahondar en detalles, mencionó que "de parte de las autoridades se está gestionando para un movimiento de una de las plazas a otra unidad".

El 17 de setiembre de 2020, el diario La Nación reveló el traslado de Salas Araya y Barrantes Castro a cargos distintos -inicialmente- por tres meses, con motivo de una pesquisa que buscaba determinar las condiciones en las que la institución administradora de los centros médicos públicos del país adjudicó una compra de urgencia de 12 millones de tapabocas por $4 millones, el 27 de mayo de 2020, en medio del estado de emergencia nacional por el COVID-19.

Desde ese momento, y hasta hace un mes, los servidores en cuestión fueron pasados a puestos distintos; mismos que este medio solicitó precisar el 16 de febrero de 2023, con una ampliación a una solicitud hecha al departamento de comunicaciones de la Caja de Seguro Social, de la que no se ha recibido respuesta.

Proceso paralelo

Si bien la presidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez defiende que la reinstalación se dio dados los avances de las investigaciones internas, la carencia de pertinencia jurídica y la ausencia de peligros a los procedimientos; en su argumentación no se hizo referencia a causas penales que eran de conocimiento público desde hace dos años y medio.

El sitio de noticias AmeliaRueda.com reveló el 5 de agosto de 2020 que, luego de analizar una serie de publicaciones del diario La Nación, la Fiscalía Anticorrupción abrió el expediente 20-000122-1218-PE. En aquella oportunidad no se precisaron los delitos que se perseguían ni se habían identificado posibles sospechosos. Además, el medio señaló que la Fiscalía General tenía bajo estudio una denuncia sobre los mismos hechos.

Por su lado, el rotativo dio a conocer el 1° de diciembre de 2020 de una segunda investigación que se seguía bajo el número de referencia 20-000175-1218-PE por aparente tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

El 20 de febrero de 2023, el Ministerio Público dirigió 21 allanamientos como parte de un tercer caso: el 20-027795-0042-PE. En este también se persigue supuesta influencia en contra de la Hacienda Pública.

Dicha causa, que pareciera ser la de mayor avance, está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y se sigue contra "el exgerente general (Roberto Cervantes Barrantes), el exgerente de logística (Luis Fernando Porras Meléndez), directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias así como la comisión técnica encargada del análisis de dichos respiradores. Respecto a personas externas de la institución, son investigados una mujer de apellidos Martínez Ruiz y un hombre apellidado Landergren Castro", según un comunicado.

Si bien en esa nota de prensa el Ministerio Público no menciona a Miguel Salas Araya ni a Maynor Barrantes Castro, lo cierto es que estos sí figuran como encartados en la orden de allanamiento, a la que CRHoy.com tuvo acceso.

"El encartado Maynor Barrantes Castro, jefe del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en funciones propias del cargo, intervino al analizar la oferta de Martínez Ruiz, misma que no cumplía con los requisitos, y otorgó una recomendación positiva para adjudicar a la empresa, avalándole el pago por medio de "Cartas de Crédito", dándole con esto una ventaja indebida y produciéndole con su actuar un resultado lesivo a los intereses públicos. Esta recomendación fue enviada al encartado Miguel Salas Araya, director de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios", reza el documento.

El operativo se desarrolló en las oficinas de la Caja de Seguro Social en el edificio Océano y en barrio Don Bosco, en Hospital de San José; así como el Centro Corporativo Internacional, la sede de IBT S.A. y la Oficina Landergren Consulting Gruop. También fueron intervenidas viviendas en Pavas de San José, Escazú, Santa Ana, La Guácima de Alajuela, Heredia y Cartago.

La pesquisa busca de terminar si altos jerarcas y manos medios de la institución usaron sus puestos para intervenir en procesos de compra durante la pandemia. Específicamente, se persigue la supuesta facilitación de procesos para la compra de respiradores para su beneficio y para el favorecimiento de proveedores que nunca habían contratado con la Caja de Seguro Social y que, supuestamente, se dedicaban a otros tipos de actividades económicas.

Se cree que, extemporáneamente, las compañías presentaron ofertas que incumplían con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel. Sin embargo, aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras alternativas que cumplían con los requerimientos, así como empresas reconocidas por ser proveedores regulares de la entidad.

Al respecto, la institución anunció en un comunicado que se ponía a disposición del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial para colaborar con sus investigaciones. El gerente de Logística, Esteban Vega de la O, refirió que aportarían lo que requirieran los oficiales y descartó problemas en los servicios de abastecimiento institucional ante esta situación.

Esquivel Rodríguez indicó que la Caja de Seguro Social será "absolutamente respetuosa y apoyará lo que corresponda al trabajo de las autoridades".