Sala IV da tres días a Chaves y Yara Jiménez para rendir informe por bloqueo de recursos al Poder Judicial
Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y Presidencia, y Yara Jiménez, presidenta del Congreso. Fotografía CR H.
La Sala Constitucional dio tres días hábiles al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para rendir un informe sobre la retención y falta de giro de recursos del presupuesto del Poder Judicial para 2026.
La orden forma parte del trámite de un recurso de amparo que también señala a la presidenta de la República, Laura Fernández como recurrida.
El abogado Ricardo Rechnitzer, quien presentó el amparo, sostiene que Hacienda dejó de girar o recortó aproximadamente ₡16.273 millones del presupuesto judicial sin que las modificaciones correspondientes fueran aprobadas mediante una ley.
Los fondos cuestionados incluían recursos para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, crear nuevas plazas, abrir subdelegaciones en zonas estratégicas para combatir el crimen organizado y adquirir equipo y recursos logísticos.
El reclamo también cuestiona una reducción de ₡13.242 millones al Poder Judicial incluida en el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026 y la posterior decisión de Hacienda, comunicada el 13 de julio, de dejar de girar otros ₡3.053 millones.
Según Rechnitzer, Hacienda liberó la cuota del tercer trimestre, pero todavía no consta el desembolso de los ₡1.526,6 millones correspondientes al cuarto trimestre.
Alegan afectaciones a la seguridad
Como argumento para demostrar las consecuencias de los recortes, el abogado señaló que al menos cinco agentes del OIJ resultaron heridos durante un operativo contra Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", el 24 de julio en Río Frío de Sarapiquí.
Según el recurrente, la falta de recursos debilita la capacidad de investigación criminal y persecución penal del Estado, además de poner en riesgo la vida y la integridad física de los agentes policiales.
El recurso sostiene que el Poder Ejecutivo no puede modificar ni impedir la ejecución de partidas presupuestarias aprobadas por ley mediante decisiones administrativas. Esa competencia, argumenta, corresponde a la Asamblea Legislativa.
Por ello, solicita a la Sala ordenar a Hacienda liberar y girar los recursos retenidos, abstenerse de aplicar nuevos recortes administrativos y garantizar la ejecución del presupuesto aprobado para el Poder Judicial, el OIJ y el Ministerio Público.
También pidió una medida cautelar para que los fondos sean liberados mientras se resuelve el fondo del recurso.
"Que se cumpla la ley"
Rechnitzer valoró positivamente que la Sala diera trámite al amparo. Sostuvo que Hacienda no puede modificar mediante oficios una asignación presupuestaria aprobada por el Congreso, pues, según expresó, el artículo 180 de la Constitución establece que el presupuesto solo puede modificarse por ley.
Además, advirtió sobre posibles responsabilidades constitucionales, administrativas, civiles y penales por la retención de los recursos.
"El presupuesto de la República no es una sugerencia ni una lista de deseos del Poder Ejecutivo. Es una ley de la República", manifestó.
También afirmó: "Un ministro no puede derogar una ley con un oficio".
Rechnitzer insistió en que su solicitud busca que se cumpla la legislación: "Un oficio no está por encima de una ley, y una ley no está por encima de la Constitución".
La Sala advirtió que los informes de las autoridades se consideran rendidos bajo juramento. Si no responden dentro del plazo establecido, podrá tener por ciertos los hechos denunciados y declarar con lugar el recurso.
Mientras tanto, en el Congreso también se discuten el Presupuesto Nacional de 2027 y el Presupuesto Extraordinario de 2026, que incluyen nuevos recortes al Poder Judicial. Ambos proyectos son objeto de consultas facultativas de constitucionalidad, luego de que la Corte Suprema advirtiera que afectan su organización y funcionamiento y, por tanto, requieren 38 votos para su aprobación.
En el caso del Presupuesto Nacional de 2027, Yara Jiménez resolvió que no requiere 38 votos, pese al criterio de la Corte que sostiene lo contrario. Pueblo Soberano aprobó el proyecto en primer debate únicamente con sus votos el pasado 5 de noviembre.