¿Por qué los sindicatos califican como ilegal el nombramiento de su representante en la CCSS?

(CRHoy.com) El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció, el pasado miércoles en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, que ese órgano ya había nombrado a los 3 directivos del sector social que hacían falta en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre ellos destacó Juan Luis Castro, quien -según Chaves- fue designado en representación del sector sindical. La noticia cayó por sorpresa en el movimiento obrero que calificó la medida como autoritaria e ilegal por lo que la Unión Médica Nacional presentó un recurso de amparo contra la decisión del mandatario.

¿Pero por qué los sindicatos lo consideran ilegal? Aquí le explicamos.

Para empezar es importante conocer lo que la Ley Constitutiva de la Caja establece. Esta, en su artículo 6 establece que la forma en la que será estructurada la Junta Directiva de la Caja.

A la presidencia ejecutiva se sumarán 8 representantes de sectores distribuidos de la siguiente manera:

• 2 representantes del Estado, de libre nombramiento del Consejo de Gobierno, quienes no podrán ser Ministros de Estado, ni sus delegados.
• 3 representantes del sector patronal.
• 3 representantes del sector laboral.

Para sus designaciones, la misma ley señala las reglas en las que serán nombrados. En el particular del sector laboral, establece lo siguiente:

"Los representantes del sector patronal y del sector laboral serán nombrados por el Consejo de Gobierno, previa elección efectuada por dichos sectores, respetando los principios democráticos del país y sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones".

Así las cosas, el pasado 21 de enero, el movimiento sindical acogió la solicitud de convocatoria de la Junta Directiva para elegir un representante.

A través de una Asamblea General, las organizaciones del sector obrero definieron la designación de Martha Rodríguez como su representante en el máximo órgano de la institución.

De acuerdo con la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), dicho movimiento sindical presentó ante el Consejo de Gobierno todos los requisitos que la ley dispone para que se hiciera efectivo el nombramiento de la sindicalista.

"Sobre la ratificación de la compañera Martha Rodríguez, seguimos esperando respuesta del presidente y el Consejo de Gobierno, a quienes se les hizo llegar toda la documentación apegados a los lineamientos que para tal efecto se advierten en la Ley Constitutiva de la CCSS", explicó Luis Chavarría, representante.

Rodríguez figura en la lista de directivos que fueron acusados por Chaves en una conferencia por "conflicto de intereses" tras la aprobación del aumento salarial retroactivo en la institución.

Sin embargo, un informe de auditoria de la institución descartó que los directivos hayan caído en ese delito al momento de participar de la discusión de ese u otros temas.

"Hasta el momento no se ha demostrado ninguna falta grave que haya ameritado la disolución de la Junta Directiva de la CCSS"

"No puede el señor presidente brincarse la Ley Constitutiva de la institución y crear una junta a la medida de sus intereses, irrespetando la decisión de la Asamblea de Trabajadores que ratificó a la señora Rodríguez como su representante legítima ante esa instancia", comentó Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname).

De acuerdo con el movimiento sindical, ellos ni siquiera conocen al representante que el Consejo de Gobierno nombró en su representación en la Junta Directiva.

"El nombramiento unilateral de este señor, que nadie en el sector conoce, es una grotesca bofetada a los trabajadores de este país. La representante elegida democráticamente por el movimiento sindical costarricense es la señora Martha Rodríguez", dijo Quesada.

En el plenario Legislativo del pasado miércoles, la diputada frenteamplista Rocío Alfaro denunció que el directivo nombrado por el gobierno es un peón bananero que en realidad pertenece a un sindicato "que la presidenta de la Caja fundó en fincas bananeras".

"Esto es lo que popularmente se conoce como sindicatos blancos. Es una práctica desleal, no legitima, e ilegal, según lo que dice el convenio 184 de OIT, que garantiza la libertad sindical como uno de los principios de la democracia", dijo.

"Nombran a un sindicalista puesto a dedo, de un sindicato espurio fundado por la patronal, para irrespetar el derecho de los trabajadores para organizarse por sí mismos y garantizar los derechos", agregó.

Este medio consultó con Casa Presidencial sobre una posición ante las aseveraciones de los sindicatos y el recurso de amparo que interpusieron; sin embargo, al cierre de esta nota no se han pronunciado al respecto.