Poder político se convierte en principal fuente de hostigamiento contra la prensa
Las principales fuentes de presión y hostigamiento contra la prensa en Centroamérica son hoy actores vinculados al poder político, muy por encima del crimen organizado. Presidentes, autoridades gubernamentales, diputados y simpatizantes de partidos políticos encabezan las amenazas percibidas por periodistas de la región, según concluye el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica 2025.
El estudio, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll Centroamérica, recoge las percepciones de 110 periodistas centroamericanos y analiza 410 noticias publicadas entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Un 56% de las personas consultadas identificó a militantes o simpatizantes de partidos políticos como actores de amenaza o persecución, un 54% a autoridades gubernamentales, un 49% a congresistas y un 45% a presidentes de la República. En contraste, el crimen organizado fue señalado por un 16% de los periodistas.
Asimismo, el 83% manifestó percibir ataques directos provenientes de altas autoridades políticas, como presidentes, ministros y otros jerarcas estatales.
Para los investigadores, el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo constituye una tendencia regional marcada por discursos estigmatizantes, ataques digitales, persecución institucional y mecanismos cada vez más sofisticados de presión contra medios y periodistas. El informe advierte que estos discursos contribuyen a presentar al periodismo crítico como un adversario político y terminan por normalizar la hostilidad hacia la prensa.
Costa Rica bajo observación
El estudio señala que Costa Rica comienza a mostrar señales de convergencia con los mecanismos de presión y estigmatización contra la prensa observados en otros países centroamericanos, aunque mantiene importantes diferencias institucionales respecto al resto de la región.
Durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los investigadores identificaron una transición desde la confrontación discursiva hacia formas más complejas de presión institucional, reflejadas en hechos como el retiro de pauta publicitaria estatal al programa El Chinamo- de Teletica, Canal 7, tras la difusión de contenidos satíricos relacionados con el Gobierno, las preocupaciones relacionadas con la subasta del espectro radioeléctrico y los cuestionamientos dirigidos hacia instituciones que forman parte del sistema de contrapesos democráticos, como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.
"La persistencia de estos elementos posibilitan afirmar que el país presenta señales cada vez más claras de convergencia con los patrones de presión y estigmatización contra la prensa observados en los otros países de la región", concluye el documento.
No obstante, el informe destaca que Costa Rica conserva un marco normativo garantista y un diseño institucional con grados relevantes de independencia que han permitido contener o revertir algunas de las acciones consideradas más lesivas para la libertad de prensa, particularmente mediante resoluciones de la Sala Constitucional.
Finalmente, los investigadores identifican tres amenazas estructurales para el 2026: los discursos estigmatizantes provenientes del poder político, la desinformación y manipulación digital mediante ataques coordinados en redes sociales y la creciente precarización laboral y judicialización del ejercicio periodístico en la región.