Pilar Cisneros dice que alerta migratoria para notificarla es “una sacada de clavo”
La exdiputada Pilar Cisneros Gallo calificó de "sacada de clavo" la alerta migratoria emitida por la Fiscalía General para localizarla y notificarla dentro de la investigación por el presunto financiamiento irregular de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Cisneros afirmó que la medida forma parte de un supuesto ataque político en su contra y rechazó la versión del Ministerio Público de que no ha sido posible localizarla para realizar la diligencia.
"Yo he mantenido el mismo domicilio desde hace 17 años. Tengo el mismo número de teléfono y el mismo correo electrónico de siempre", sostuvo la exlegisladora.
Cisneros también indicó que actualmente no tiene un abogado que la represente en el expediente y que deberá contratar uno para atender el proceso.
La alerta migratoria
La Fiscalía confirmó este miércoles que emitió una alerta migratoria para que la Dirección General de Migración y Extranjería informe a las autoridades judiciales si Cisneros intenta ingresar o salir del país.
La medida no constituye un impedimento de salida ni una orden de captura.
Se trata de un mecanismo para que, si la exdiputada es detectada en un puesto migratorio, las autoridades sean informadas y puedan gestionar su localización para realizar la indagatoria pendiente.
Según el Ministerio Público, Cisneros no ha podido ser notificada porque no tiene un lugar de trabajo fijo. Además, las diligencias realizadas en su domicilio y los intentos de contacto por teléfono no permitieron concretar la citación.
La indagatoria es necesaria para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación penal.
Investigación
Cisneros figura como imputada en la causa conocida como "Financiamiento Jaguar", en la que el Ministerio Público investiga el presunto uso de estructuras paralelas para financiar la campaña presidencial del PPSD entre 2021 y 2022.
La tesis de la Fiscalía señala que parte de los recursos de campaña habría sido captada y administrada fuera de la tesorería oficial del partido, mediante un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales, en aparente violación de la legislación electoral.
Tras finalizar su periodo como diputada, Cisneros perdió la inmunidad que tenía mientras ejercía el cargo. Por ello, el expediente continúa ahora bajo el procedimiento penal ordinario.