Fiscalía analiza más de 3.600 llamadas entre miembros de red ligada a permisos irregulares en Santa Cruz
Jorge Arturo Alfaro Orias, alcalde de Santa Cruz
La Fiscalía analiza al menos 3.629 llamadas y otros contactos entre el alcalde de Santa Cruz, su hijo, funcionarios municipales y un empresario, consideradas como indicios de una presunta coordinación para agilizar indebidamente permisos de construcción y concesiones.
El expediente de la investigación detalla esos contactos a partir de tres informes de análisis telefónico que elaboró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La investigación comprende presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito, donde estarían implicados Jorge Arturo Alfaro Orias, alcalde; su hijo, un jefe y un inspector municipal, así como personas relacionadas a empresas de construcción.
Según el documento, el Ministerio Público relaciona la frecuencia de las comunicaciones con el aumento de trámites aprobados a favor de los empresarios investigados y con el crecimiento patrimonial de los sospechosos.
El expediente contabiliza 2.730 comunicaciones entre Jorge Arturo Alfaro Molina y su padre el alcalde, los cuales podrían calificarse como habituales por su parentesco; sin embargo, muchas están en medio de otras llamadas que el joven hizo con el resto de investigados.
Por ejemplo, el OIJ atribuye al hijo del jerarca 502 contactos con Kendall Mauricio Zumbado Arrieta, asesor de alcaldía, y 245 con Carlos Otoniel Cedeño Leiva, inspector municipal, quienes están bajo la lupa policial.
Por su parte, Sergio José Canales Solís, gerente general de Constructora Masorati, contactó en 84 ocasiones a José Francisco Moreno Zapata, jefe del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo, y en otras 68 al asesor Zumbado.
Llamadas se intensificaron desde 2022
La hipótesis fiscal señala que las comunicaciones aumentaron a partir de 2022, inicialmente entre los empresarios Sergio Canales Solís y André Canales Cárcamo y el hijo del alcalde. Después, los contactos se habrían extendido a otros funcionarios municipales, incluido el jerarca.
Según los investigadores, ese acercamiento coincidió con más trámites aprobados a favor del grupo económico de los empresarios y con un aumento de la capacidad económica de los investigados.
El vínculo comercial incluye a Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A., sociedad que preside Alfaro Molina y en la que Canales Solís figura como secretario.
La resolución considera esenciales la documentación municipal y los dispositivos electrónicos para determinar si existió una coordinación irregular o si los nuevos elementos permiten descartar la tesis investigativa.
El documento señala necesario el acceso de la Fiscalía a los expedientes de permisos y otros trámites relacionados con los sospechosos, así como a las comunicaciones del período investigado, por esa razón se solicitaron los allananamientos de este martes, pues se plantea que los contactos pudieron darse por medios electrónicos distintos de las llamadas telefónicas, por lo que los equipos podían contener información relevante para esclarecer los hechos.
Las diligencias se desarrollaron en la Municipalidad de Santa Cruz, en la oficina de una empresa constructora y en dos viviendas, para recolectar prueba digital y documental.
La Municipalidad manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas investigadas.