Fiscalía emite alerta migratoria contra Pilar Cisneros por caso de financiamiento electoral
La Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, para que Migración informe si intenta salir o ingresar al país. Esto debido a que requieren citarla para la indagatoria por una causa penal en su contra, relacionada con el financiamiento electoral de la campaña de Rodrigo Chaves.
Cisneros no ha atendido las notificaciones de la Fiscalía ni en su casa ni por teléfono, al no tener un lugar de trabajo establecido, tampoco han logrado contactarla por esa vía. Por eso, la Fiscalía indica que la alerta es necesaria.
La Fiscalía requiere a Cisneros para la indagatoria. Si esta fase no se realiza, la causa penal está frenada.
No se trata de un impedimento de salida del país ni una orden de captura, sino de un aviso por parte de Migración a las autoridades judiciales para localizarla en el aeropuerto y poder notificarla.
Cisneros figura como imputada dentro de una investigación seguida por el presunto delito de recepción de contribuciones privadas ilegales, en aparente perjuicio de la pureza del sistema electoral.
Cisneros dejó de contar con inmunidad al finalizar su periodo como diputada, por lo que ahora puede ser investigada mediante el procedimiento penal ordinario.
Pilar Cisneros en estructuras paralelas
El caso "Financiamiento Jaguar" investiga la supuesta utilización de dos estructuras paralelas para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) entre 2021 y 2022.
La Fiscalía identificó como una de esas estructuras el fideicomiso privado Costa Rica Próspera. La segunda habría operado mediante cuentas bancarias personales utilizadas para recibir y administrar recursos.
Según la tesis del Ministerio Público, ambas vías funcionaron fuera de la tesorería del PPSD y de los controles establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La legislación electoral exige que las contribuciones sean realizadas por personas físicas costarricenses debidamente identificadas y que se canalicen mediante los mecanismos oficiales del partido político.
En junio de 2025, la Fiscalía General presentó una acusación contra Cisneros, el entonces presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y los diputados Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Julio "Waldo" Agüero.
El Ministerio Público les atribuyó posibles delitos relacionados con la recaudación de fondos sin autorización del tesorero partidario, la entrega de aportes mediante estructuras paralelas y la recepción o conocimiento de contribuciones presuntamente irregulares.