PLN lleva normas presupuestarias contra el Poder Judicial a la Sala IV
Bancada del PLN, liderada por Álvaro Ramírez. CRH
Diputados de Liberación Nacional (PLN) llevaron ante la Sala Constitucional cuatro normas presupuestarias que congelan y condicionan recursos del Poder Judicial, impuestas por el Ministerio de Hacienda en el Presupuesto Nacional de 2027.
La fracción oficializó la gestión este jueves mediante una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el Presupuesto 2027, el cual se aprobó en la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado martes.
Hacienda incorporó en el presupuesto las normas 9, 10, 11 y 12, dirigidas exclusivamente al Poder Judicial.
Durante la discusión, los legisladores liberacionistas calificaron estas disposiciones como "obstruccionistas" e "inconstitucionales", por lo que anunciaron que acudirían al órgano constitucional.
Además, los jerarcas del Poder Judicial advirtieron ante el Congreso que el congelamiento de cerca de ₡30.000 millones representaría un riesgo para sus operaciones y podría implicar el cierre de servicios en distintas regiones del país.
¿Qué establecen las normas?
Las cuatro normas imponen controles sobre el presupuesto judicial en materia de fiscalización de un fideicomiso, traslados de recursos entre subpartidas, pago de compensaciones salariales y ocupación de plazas vacantes.
- Norma 9: Congelamiento de ₡29.844 millones. Mantiene esos recursos bloqueados hasta que se cumplan requisitos de fiscalización del fideicomiso inmobiliario con el Banco de Costa Rica (BCR), se presenten estados financieros auditados y la Contraloría General de la República (CGR) certifique el cumplimiento de disposiciones sobre infraestructura.
- Norma 10: Restricciones para modificar el presupuesto. Limita los traslados de recursos entre subpartidas y exige que determinados movimientos se tramiten mediante un presupuesto extraordinario sujeto a autorización legislativa.
- Norma 11: Restricciones al pago de compensaciones salariales. Condiciona el pago de una compensación de la escala salarial de la Judicatura a la presentación de un análisis de costo-beneficio sobre las labores administrativas y jurisdiccionales de los magistrados. El estudio debe ser refrendado por la Contraloría y conocido y aprobado por la Asamblea Legislativa.
- Norma 12: Prohibición de ocupar plazas vacantes. Impide al Poder Judicial llenar puestos vacantes a partir de enero de 2027. La restricción afectaría alrededor de 2.463 plazas vacantes, de las cuales 810 corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
¿Qué pasa con el Presupuesto?
El Presupuesto Nacional de 2027 fue dictaminado y se discutirá en el Plenario Legislativo a partir de noviembre, por lo que la consulta de constitucionalidad no retrasaría el trámite del ejercicio económico.
En ocasiones anteriores, la Sala Constitucional ha señalado que el estudio de este tipo de consultas no detiene el trámite legislativo del presupuesto.
Ahora, los magistrados deberán resolver la consulta dentro del plazo establecido por ley.