Comisión de la Mujer elimina anticonceptivo de emergencia para víctimas de violación
La anticoncepción de emergencia quedó fuera del proyecto de ley que busca dar rango legal a la atención de víctimas de violación, luego de un cambio aprobado en la Comisión de la Mujer.
El texto sustitutivo, impulsado por diputadas del Pueblo Soberano (PPSO), se aprobó con seis votos a favor y uno en contra.
Votaron a favor Kattia Calvo, presidenta de la comisión, Mayuli Ortega, Ana Ruth Esquivel y Kattia Mora, del PPSO, junto con Karen Alfaro y Andrea Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN). Vianey Mora Vega, del Frente Amplio, fue el único voto en contra.
Calvo explicó que la exclusión responde a las dudas de su fracción sobre los posibles efectos del medicamento en un embarazo previo. Añadió que no han tenido tiempo de consultar todas las fuentes sobre el tema.
Las diputadas del PPSO plantean incorporar el medicamento más adelante, mediante mociones, pero condicionado a una prueba de embarazo para, según su versión, evitar que se use con fines abortivos.
También recalcaron que la pastilla se sigue ofreciendo, pues el protocolo vigente regula su suministro.
Mora Vega cuestionó la exclusión y defendió que prevenir un embarazo producto de una violación forme parte de la atención integral. Además, advirtió que cualquier requisito adicional debe evitar retrasos en la atención.
¿Qué es la pastilla de emergencia?
La anticoncepción de emergencia es un medicamento que previene un embarazo después de una relación sexual sin protección o de una agresión sexual. Actúa principalmente al retrasar o impedir la ovulación y no interrumpe un embarazo establecido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se requiere una prueba de embarazo previa para suministrarla y recomienda administrarla cuanto antes.
¿En qué consiste el protocolo de las 72 horas?
El Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual coordina la respuesta de los servicios de salud y de las autoridades judiciales durante las primeras horas posteriores a una agresión.
Incluye atención médica y psicológica, prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, orientación sobre derechos y recolección de evidencia para una eventual investigación penal.
El proyecto busca dar respaldo legal permanente a este protocolo y a los equipos de respuesta rápida. Con el texto sustitutivo, sin embargo, la anticoncepción de emergencia ya no figura entre los servicios mínimos que garantizaría la ley.
Otros cambios del proyecto
El texto también incorpora disposiciones sobre prevención del VIH, modifica las valoraciones médico-forenses y reorganiza la comisión que supervisa el protocolo. Además, fija un plazo de seis meses para reglamentar la ley una vez que entre en vigencia.
La disposición sobre prevención del VIH contiene una imprecisión: utiliza las siglas "PREP" en lugar de "PEP", que corresponden a la profilaxis posterior a una exposición.
El proyecto sigue ahora su trámite legislativo.