Patricia Solano cuestiona legalidad de investigación sobre un crédito personal
Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera. Asamblea Legislativa/CRH
La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, cuestionó la legalidad de que Pueblo Soberano (PPSO), desde la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, la investigue por un crédito personal que adquirió para construir una vivienda.
Solano calificó de ilegal la moción impulsada por la diputada de PPSO Marta Esquivel y respaldada por sus compañeros de bancada, mediante la cual se promovió la indagatoria en su contra.
Se trata de un préstamo personal por ₡128 millones que la magistrada obtuvo de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) para construir una casa.
Solano enfatizó que se trata de un crédito otorgado dentro del marco de la legalidad y con fondos privados, según criterios de la Contraloría General de la República. Cuestionó que se inspeccione sobre sus datos personales y privados.
"Esta investigación parte de una intromisión ilegal por datos que están constitucionalmente protegidos", manifestó la magistrada.
La magistrada sostuvo que la investigación excede las competencias de la comisión legislativa, cuya responsabilidad es fiscalizar asuntos relacionados con la Hacienda Pública y el uso de fondos públicos, no transacciones de carácter privado.
"Nunca esta comisión podrá extralimitarse de sus funciones y pretender investigar la asignación de un crédito hipotecario de naturaleza privada", manifestó.
La magistrada afirmó que ninguna otra persona ha sido objeto de tanta fiscalización y cuestionamientos como ella por realizar su trabajo.
Además, anunció que denunciará ante el Ministerio Público a la persona que utilizó un dron para grabar la propiedad donde se construye el inmueble. Según indicó, esa acción habría violentado múltiples derechos fundamentales, entre ellos la privacidad y la propiedad privada.
Solano también cuestionó que se le convocara a comparecer ante la comisión legislativa, mientras que, según señaló, ese órgano no lo hizo sobre el crédito millonario otorgado a un financista vinculado con el PPSO.
La magistrada hizo referencia al caso de Boris Marchegiani, actual embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exsecretario general del PPSO, quien obtuvo un crédito por $8,2 millones del Banco Nacional.