Orden policial reconocía faroleada como legítima, pero le asignó inteligencia y UEI
La policía sabía que la "Faroleada por la Salud y la Democracia" respondía a demandas sobre el sistema de salud, y aun así le asignó agentes de inteligencia y un despliegue de la Unidad Especial de Intervención (UEI), el comando de élite adscrito a la Presidencia.
Así consta en un oficio de la Dirección Regional de Cartago de la Fuerza Pública. El documento identifica a los convocantes como organizaciones sociales con demandas sobre el sistema de salud y críticas a la gestión del Gobierno. Aun así, ordenó un amplio despliegue porque la presidenta Laura Fernández recibiría la Antorcha de la Independencia en la Plaza Mayor.
"Dentro de los puntos identificados reviste especial interés operacional la convocatoria en parques cantonales, donde se ha anunciado una actividad denominada ‘Faroleada por la Salud y la Democracia', promovida por organizaciones sociales vinculadas a demandas relacionadas con el sistema de salud y cuestionamientos a la gestión gubernamental, situación que adquiere particular relevancia debido a la coincidencia temporal y espacial con las actividades oficiales programadas para la celebración de las Fiestas Patrias, el recibimiento de la Antorcha de la Independencia y la presencia de autoridades del Gobierno de la República", señala el documento.
El mismo informe reconoce que las marchas y protestas están tuteladas por la Constitución y que son producto del ejercicio legítimo de los derechos de reunión pacífica y de expresión.
Pese a ello, la orden destinó personal de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y de la UEI para vigilar y controlar la actividad, al considerarla una movilización de grupos opositores con consignas contra el Gobierno.
Esa explicación difiere de la que el Ministerio de Seguridad Pública dio a la Defensoría de los Habitantes, en la que justificó los filtros de acceso por el riesgo de que integrantes de cuatro grupos criminales se infiltraran en la multitud.
Una protesta en 30 cantones
La faroleada aprovechó la tradicional celebración patria de los faroles para manifestarse en defensa de la institucionalidad, la división de poderes, la educación y la salud pública.
Múltiples colectivos y grupos sociales la convocaron y tuvo eco en unos 30 cantones, donde los desfiles cívicos se convirtieron también en espacios de expresión política.
Las consignas aparecieron en pancartas y también impresas directamente sobre los faroles. Pedían respeto a la división de poderes y a la democracia, y defendían a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la crisis del sistema de salud, especialmente en Cartago, donde la construcción del nuevo hospital acumula años de trabas.
Los manifestantes también exigieron más presupuesto y respeto para la educación pública, así como apoyo para sectores como la agricultura.
En Cartago, la Fuerza Pública instaló un cordón de seguridad con barreras metálicas y colocó el vehículo blindado conocido como "La Bestia", lo que restringió el paso a un evento que tradicionalmente ha sido una fiesta cívica y familiar.
Vecinos de la zona denunciaron represión policial, bloqueos de acceso a los actos cívicos y restricciones a la libertad de expresión. Manifestantes también acusaron un uso desproporcionado de la fuerza cuando la policía retiró de la Plaza Mayor a jóvenes que tuvieron altercados con seguidores oficialistas.





















