Mujer que no asistió a juicio por liposucción acusa a Fiscal y suspenden sesión
(CRHoy.com) La mujer que se ausentó el lunes al juicio de Coopemex porque tenía programada una liposucción, denunció penalmente a la fiscal que lleva el caso, pues considera que hubo un abuso de autoridad.
Axa Carvallo, represente legal de la imputada de apellido Clark, puso en conocimiento del tribunal la denuncia penal y pidió una recusación de la participación de la fiscal de apellido Madrigal.
Cuando parecía que el juicio iba a iniciar, Carballo solicitó la palabra y pidió que, por la denuncia penal, no se permita la participación de la representante del Ministerio Público.
Según expuso la abogada ante los jueces, hubo un abuso de autoridad, ya que la fiscal reveló información confidencial de su representada.
"Sin motivo, sin razón, se presenta de manera formal a una clínica y abusando del poder pidió información confidencial y lo puso en conocimiento público", detalló la defensora pública.
Carballo denunció que ya hubo un juicio mediático contra su cliente.
El tribunal penal decidió suspender el juicio hasta las 9:50 a.m. para conocer un informe de la Fiscal sobre la denuncia y posteriormente tomar una decisión de si es necesario que el Ministerio Público presente otro representante.
En el juicio se analiza una presunta administración fraudulenta en Coopemex.
El caso lleva una década en instancias judiciales.
Según informó el Poder Judicial, en el debate se analiza que "aparentemente las personas imputadas conformaron parte de la Junta Directiva del Servicio Cooperativo Nacional de Ahorro y Crédito de los Trabajadores Costarricenses Coopemex R.L. y supuestamente tomaron decisiones para adjudicarse dineros, esto entre los años 2005 al 2009".
Las autoridades determinarán si los denunciados presuntamente aprovecharon que tenían a su cargo el manejo y la administración de los fondos para supuestamente suponer operaciones, exagerar gastos y alterar las cuentas.
El perjuicio económico según la acción civil rondaría los 25 mil millones de colones.
Desde 2010
El caso se remonta al 26 de febrero del 2010, luego de que la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) denunciara la supuesta pérdida de más de ¢8 mil millones de colones en la cooperativa. El destino del dinero era desconocido, porque la entidad manejaba cuentas paralelas de sus balances contables.
Tras la denuncia de la SUGEF, la Fiscalía de Delitos Económicos detuvo a 5 personas ligadas con la cooperativa. La denuncia de la Superintendencia se dio tras una auditoría de diciembre del 2009.
En el análisis supuestamente se determinó que la cooperativa pagó alrededor de 579 millones de colones del capital social a asociados sin que se cumpliera con los procedimientos; se adelantaron 165 millones de colones en dietas adelantadas a funcionarios del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia y del Comité de Educación, además se hicieron pagos por 117 millones de colones a créditos de personas relacionadas con la misma entidad.
La auditoría también estableció que la cooperativa otorgó 4 mil millones de colones en créditos a los compradores de un centro comercial que la misma entidad construyó en Monteverde.
Los imputados responde a los apellidos Sandoval, Ramírez, Jiménez, Lara, García, Hernández, Villalobos, Carrillo, Espinoza (mujer) Clark, Coronado, Carpio, Solano, Mata (mujer), Sánchez, Yankelewitz, Barboza, Zamora y Sragovicz