Ministro reconsiderará habilitar audiencias virtuales en el CACCO
Gabriel Aguilar, ministro de Justicia. CRH
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reconsiderará habilitar las audiencias virtuales en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), pero bajo ciertas condiciones. La propuesta asignaría competencias al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y eximiría de esa responsabilidad a la Policía Penitenciaria.
A inicios de agosto, Aguilar puso fin al convenio que mantenían el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde todos los centros penitenciarios.
El jerarca tomó la decisión después de proponer que Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", participaran de manera virtual en sus audiencias. La medida pretendía evitar su traslado desde el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma hasta los Tribunales de San José, debido al riesgo que implicaba la movilización.
Sin embargo, una de las juezas a cargo le comunicó al OIJ que, por razones legales y procesales, no era posible efectuar la audiencia virtual con estos privados de libertad de alto perfil.
Tras esa respuesta, Aguilar puso fin al convenio, por lo que los privados de libertad deben trasladarse a los tribunales incluso para diligencias que, en algunos casos, duran menos de cinco minutos.
Casi tres meses después, el ministro planteó, durante una entrevista en el programa "No Mientas Show" del 23 de octubre, la posibilidad de restablecer las audiencias virtuales, aunque únicamente en el CACCO. La medida evitaría que los reclusos de ese centro salgan de sus celdas.
¿Cómo se restablecerían las audiencias virtuales en el CACCO?
Aguilar afirmó que la ruptura del convenio evita que más de 3.000 policías penitenciarios deban custodiar a privados de libertad durante las videollamadas.
No obstante, indicó que valoraría restablecer la modalidad si agentes de la Sección de Cárceles del OIJ acuden a los centros penitenciarios para custodiar a los reclusos durante las audiencias virtuales.
Esta sección se encarga de trasladar a los privados de libertad desde los centros penitenciarios hasta los tribunales.
El ministro sostuvo que esa labor no les corresponde a los policías penitenciarios y aseguró que estos funcionarios ya tienen una elevada carga de trabajo dentro de las cárceles. Bajo esas condiciones, el convenio podría restablecerse, señaló.
Eliminación del convenio afecta las audiencias
A mediados de agosto, Mario Rodríguez, juez coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, advirtió sobre las afectaciones provocadas por la decisión del ministro de Justicia.
Rodríguez explicó que anteriormente el juzgado podía realizar hasta 12 audiencias diarias. Sin embargo, tras eliminarse la modalidad virtual, ahora solo puede efectuar entre cuatro y seis por día.
La movilización también requiere otros recursos. Cuando las personas salen temprano de los centros penitenciarios, las autoridades deben proporcionarles desayuno y almuerzo. Dependiendo de la hora de regreso, también deben suministrarles la cena.
A estos gastos se suman el personal de custodia, el tiempo de espera y los recursos utilizados durante los traslados.
La finalización del convenio generó cuestionamientos y solicitudes para que el Ministerio de Justicia reconsidere la medida.
Entre quienes han expresado preocupación figuran el fiscal general, Carlo Díaz; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y el director del OIJ, Michael Soto.