Inspector municipal de Santa Cruz compró carro de ₡21,2 millones sin respaldo en sus ingresos
Allanamiento en Santa Cruz. Foto tomada de Guananoticias.
Carlos Cedeño Leiva, inspector municipal de Santa Cruz, compró un Toyota Hilux nuevo de ₡21,2 millones, una adquisición que, según un informe policial, no tiene respaldo en sus ingresos ni en otras fuentes de recursos legalmente identificadas.
El documento forma parte del expediente que investiga una presunta red de favorecimientos para construcciones en la Zona Marítimo Terrestre de Santa Cruz, en la que estarían involucrados funcionarios municipales.
Según el informe, Cedeño tiene a su nombre una motocicleta Yamaha DT, un Hyundai Accent, un camión Hino Dutro y el Hilux. Los agentes también determinaron que utilizaba un Hyundai Tucson inscrito a nombre de su esposa y adquirido en agosto de 2024.
Los investigadores sospechan que el funcionario incrementó su patrimonio sin justificación aparente. El documento señala que las adquisiciones del inspector y de su núcleo familiar no encuentran respaldo en sus ingresos ni en otras fuentes de recursos legalmente identificadas.
Además, el informe sostiene que la compra del Hilux no coincide con la declaración patrimonial presentada por el funcionario ante la Dirección General de Tributación.
Cedeño es uno de los nueve investigados por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito en la Municipalidad de Santa Cruz. Entre los investigados también figura el alcalde, Jorge Arturo Alfaro Orias.
CR Hoy intentó conocer la versión del inspector, pero no atendió las llamadas al número telefónico registrado a su nombre ni respondió el correo electrónico institucional en el que se le enviaron las consultas.
Trámites municipales a cambio de presuntos beneficios
Según la Fiscalía, la organización habría aprovechado los cargos del alcalde, del jefe de Planificación Urbana y de un inspector municipal para favorecer permisos de construcción, usos de suelo, viabilidades ambientales, inspecciones con resultados favorables y concesiones en la Zona Marítimo Terrestre y otras áreas de alto valor turístico y comercial.
La hipótesis de la investigación sostiene que las gestiones aparentaban ser legales porque cumplían los requisitos formales y contaban con la aprobación de las entidades competentes.
Sin embargo, los investigadores señalan que los funcionarios municipales habrían facilitado los trámites a cambio de beneficios económicos.
Hijo del alcalde como enlace
Según el expediente judicial, el hijo del alcalde habría servido como enlace entre empresarios y funcionarios municipales. Su parentesco con el jerarca y su relación comercial con Sergio José Canales Solís y André Canales Cárcamo, representantes de Constructora Masorati, habrían facilitado contactos para obtener ventajas indebidas en permisos de construcción y concesiones.
El vínculo empresarial aparece en Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A., donde Alfaro Molina figura como presidente y Canales Solís como secretario. Según el expediente, las sociedades se utilizaban para solicitar concesiones en zonas costeras de alto valor turístico y, una vez obtenidas, comercializar sus acciones o ceder los derechos a terceros por montos elevados.
Los investigadores también identificaron transferencias de Constructora Masorati y Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo hacia cuentas del hijo del alcalde. Según el expediente, no encontraron movimientos equivalentes en sentido contrario que justificaran económicamente esos pagos.
La Fiscalía analiza esos ingresos como parte del presunto beneficio patrimonial derivado de la estructura investigada.
Alcalde de Santa Cruz e hijo.