Prohibición de Ministro de hacer audiencias virtuales con reos provocará más gastos y riesgos
Autoridades judiciales advierten que la decisión de Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, de prohibir las audiencias judiciales de forma virtual con privados de libertad desde prisión, echa por la borda un gran ahorro de tiempo y recursos económicos que se lograba con este tipo de diligencias.
El Ministerio Público lamentó la determinación y considera preocupante la decisión de Justicia y Paz de dar por terminado el convenio que permitía la realización de audiencias judiciales de manera virtual entre los centros penitenciarios y los despachos del Poder Judicial.
Para la Fiscalía, esta herramienta ha demostrado gran utilidad para agilizar trámites y la resolución de los asuntos judiciales, al tiempo que permite optimizar recursos y fortalecer las condiciones de seguridad de reclusos, funcionarios judiciales y demás participantes del proceso.
Carlos Eduardo Montenegro, fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, señaló que las audiencias virtuales permiten reducir los riesgos asociados al traslado de sospechosos fuera de las cárceles para diligencias que pueden desarrollarse mediante herramientas tecnológicas, sin afectar las garantías procesales de las partes.
"El Ministerio Público considera que cualquier modificación a este mecanismo debe valorar no solamente aspectos administrativos, sino también sus consecuencias en la eficiencia de la administración de justicia, la seguridad de las personas y el uso responsable de los recursos públicos.
La tecnología debe estar al servicio de una justicia más ágil, segura y accesible para la ciudadanía", señaló el fiscal.
Para la Defensa Pública será casi imposible asumir la carga de trabajo sin las audiencias virtuales. Su director, Juan Carlos Pérez, explicó que los defensores públicos deberán trasladarse físicamente a las cárceles para atender a los privados de libertad, cubriendo más de 700 audiencias al año.
"Va a incrementar necesariamente los costos económicos de los traslados: gasolina, viáticos y, sobre todo, los tiempos de traslado. Imagínense entonces que estos tiempos de un profesional que deba viajar 4 o 5 horas pudieron haber sido invertidos en la realización de audiencias", detalló el jerarca.
El juez Mario Rodríguez explicó que con la decisión convierte trámites de 5 minutos en diligencias de muchas horas. En algunas ocasiones, las solicitudes de libertad condicional u otros incidentes en menos de 10 minutos.
Cancelar la virtualidad exige que el centro penitenciario prepare al reo, lo entregue a los custodios, lo traslade a un circuito judicial y lo mantenga en celdas, solo para una diligencia brevísima que antes se resolvía desde un cubículo con una simple conexión.
"En los últimos 5 años se han hecho más de 5.000 solicitudes de audiencias de libertad condicional, y eso significa que si nosotros tuviéramos que trasladar a esas personas, las trasladaríamos del centro al Primer Circuito Judicial de Alajuela.
Nos hemos ahorrado todo ese transporte, tanto para la institución como para el país en general", detalló Rodríguez.
Aguilar ordenó ayer cancelar el acuerdo entre instituciones que permitía las audiencias virtuales. Lo hizo de forma unilateral y sin brindar fundamento técnico, únicamente defendiendo la decisión de que para una audiencia específica (contra Alejandro Arias "Diablo") optaron por hacerla presencial, en lugar de aceptar su recomendación de hacerla virtual.
Al eliminarse las audiencias virtuales (se hicieron más de 2.400 en el primer semestre del año), ahora todos los reos deberán ser trasladados físicamente a los tribunales. Esto saturará aún más a la Sección de Cárceles del OIJ, que afronta recortes a sus gastos operativos por decisiones del Ministerio de Hacienda.