Lea los argumentos del TSE para rechazar pago de alquiler de carro a Mayuli Ortega

El TSE rechazó financiar con recursos de la deuda política el alquiler de dos carros utilizados por dirigentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), uno de ellos por la diputada Mayuli Ortega.

Se trata de un BMW X1 año 2026 asignado a Ortega, y un Toyota Prado 2026 utilizado por el tesorero suplente, Raúl Zamora.

Un informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos determinó los siguientes argumentos para rechazar el pago:

• los gastos sometidos por el partido PPSO a reembolso no satisfacen los criterios de necesidad, justificación y proporcionalidad y su reconocimiento con cargo a la contribución estatal resulta improcedente.
• En la liquidación de gastos presentada por el PPSO no consta documentación alguna que acredite la existencia de una necesidad partidaria concreta que amerite el arrendamiento de los vehículos.
• El partido no aportó bitácoras de uso, registros de kilometraje, reportes de desplazamientos, identificación de los usuarios, detalle de los recorridos, actividades atendidas ni otros elementos que permitan verificar los fines para los que fueron usados los carros.
• El uso discrecional de los vehículos pagados por el Estado están reservados para la presidenta, sus vicepresidentes y los ministros y presidentes ejecutivos, no para los miembros de un partido político.
• Para que una erogación de este tipo pueda reconocerse con cargo a la contribución estatal, es indispensable que el partido demuestre que los vehículos se destinaron exclusivamente a la atención de fines partidarios y que no existía otro mecanismo.
• El gasto sometido a reembolso no es proporcional si se compara con otras contrataciones.

"Una cosa es la necesidad genérica de transporte y otra cosa es la de disponer de dos vehículos "de alta gama" para el uso discrecional de sus dirigentes", indica el informe.

"Esta omisión impide establecer si los carros se destinaron exclusivamente a la atención de asuntos partidarios -y no a fines personales, como el traslado al lugar de trabajo, actividades recreativas u otros afines-, así como valorar la correspondencia entre el servicio contratado, el uso efectivamente brindado y el monto pagado", cita el informe.

Los contratos de arrendamiento suscritos tienen un plazo de cuatro años, al cabo de los cuales el costo total ascenderá a $126.960 por uno de los carros y a $108.480 por el otro, para un total de $235.440, suma que -de mantenerse la tendencia actual- la agrupación política pretendería trasladar al Estado por la vía de la contribución estatal.

El Tribunal además agregó que el arrendamiento de uno de los carros es más caro de lo que hubiera costado comprarlo nuevo, por lo que consideró que el monto cobrado es desproporcional.

Una relación de esta naturaleza entre el costo del pago y el beneficio obtenido no se ajusta al principio de proporcionalidad que, según lo ha señalado el TSE, debe satisfacer todo gasto cuyo reembolso se pretenda con cargo a fondos públicos.

Los partidos políticos, por ser entidades que cumplen un interés público de primer orden, también se rigen por los principios democráticos, de seguridad jurídica, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, responsabilidad y comprobación del gasto.

Es criterio del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos que las erogaciones descritas adolecen de elementos que acrediten la necesidad, justificación y proporcionalidad de los gastos y corresponde objetar su reconocimiento con cargo a los fondos estatales.