Justicia omitió construir cocina para el Cacco por mal cálculo de población penitenciaria

Imagen de la conferencia de prensa en la que el gobierno mostró los uniformes que usarían los privados de libertad en el Cacco.
El Ministerio de Justicia tuvo que correr a construir una cocina para el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), debido a que en un inicio descartó su necesidad por un mal cálculo de la población penitenciaria.
La institución evaluó que el traslado de reclusos de La Reforma -entre 1.300 y 1.700- al Cacco podían ser atendidos con la cocina de La Reforma, pero no tomaron en cuenta que una vez esos espacios se liberaron en el viejo centro penitenciario, debían ser ocupados por privados de libertad de otras cárceles debido al hacinamiento.
Un oficio de la Coordinación del Nivel de Atención Institucional advirtió al Ministerio de Justicia que los espacios libres en La Reforma debían ser ocupados a más tardar en marzo de 2027.
Datos de la Dirección de la Policía Penitenciaria al 11 de setiembre de 2026 muestran porcentajes críticos de hacinamiento: el CAI San José (San Sebastián) tenía un 174,8%; el CAI Limón, un 140%; el CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón), un 128,1%; el CAI Nelson Mandela (San Carlos), un 125,1%, y el CAI Liberia (Calle Real), un 108,1%.
El modelo de la cocina
La institución calculó que la cocina de La Reforma podía producir unos 5.700 platos por cada tiempo de comida. Sin embargo, esa capacidad suponía exigir al máximo los equipos, someterlos a un desgaste severo y mantener una operación que no podía sostenerse de forma permanente.
Un estudio de campo de la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional concluyó que la cocina realmente producía unas 3.800 raciones por ciclo. El rendimiento real se veía limitado por los prolongados tiempos de preparación, la dependencia de procesos manuales y los cuellos de botella en el embandejado.
Con la reocupación de los espacios en La Reforma y la apertura del Cacco, la cocina debía alimentar a ambos centros. La demanda proyectada para marzo de 2027 llegaba a 5.398 raciones por ciclo.
Si la cocina alcanzaba su capacidad optimizada de 5.700 raciones, el margen sería de apenas 302 raciones, cerca del 5,3% de esa capacidad. Según la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), esa carga aceleraría el deterioro de los equipos y una falla podría causar el cierre técnico de los establecimientos y el desabastecimiento de alimentos. La institución calificó como "insuficiente, peligroso e inviable" operar con ese margen.
Otros riesgos
Otro oficio de Adaptación Social señaló que el Cacco requiere procesos que no forman parte del modelo carcelario ordinario: escanear alimentos, trasladar grandes volúmenes por carretera hasta una cárcel de máxima seguridad, distribuirlos durante más tiempo y embandejar las raciones de forma individual.
El documento advirtió que transportar diariamente la comida desde La Reforma expondría el servicio a la "pérdida de temperatura", la "pérdida de inocuidad", los "retrasos en la distribución" y la "afectación a la seguridad penitenciaria", debido a la manipulación y al traslado externos.
La Dirección de la Policía Penitenciaria respaldó ese criterio y señaló que transportar comida y recipientes entre centros obligaría a desplegar escoltas y realizar revisiones y controles extraordinarios. Estas tareas sobrecargarían al personal policial y lo alejarían de labores esenciales, como la custodia perimetral y la vigilancia fija.
Recortes presupuestarios
Adaptación Social justificó la declaratoria de urgencia alegando que, por limitaciones presupuestarias en 2025, tuvieron que prescindir de la cocina.
La institución defendió que la rectificación urgente "no obedeció a dolo, negligencia o impericia de funcionarios", sino a un fenómeno sobreviniente: los altos índices de criminalidad y el hacinamiento extremo obligaron a reocupar los espacios de La Reforma.
La Asesoría Jurídica del Ministerio dictaminó que el procedimiento de urgencia podía aplicarse "independientemente de las causas que la originaron", incluso si la situación se debía a "una mala gestión o inadecuada planificación por parte de la Administración".
No obstante, el criterio jurídico advirtió que, si se comprueba que la urgencia surgió de una gestión indebida o de la falta de previsión administrativa, la Administración debía ordenar una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, autorizó la contratación de urgencia y la emisión de la orden de inicio. Además, concluyó que "no existe negligencia, dolo o impericia en las actuaciones administrativas que anteceden esta orden".
La contratación
El 10 de noviembre quedó en firme la contratación para construir y equipar la cocina del Cacco por $10.026.045. Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A. obtuvo el contrato y tendrá 225 días para entregar las obras.
El ministro autorizó a la empresa un adelanto de hasta $4 millones, equivalente al 40% del monto contratado.
El pliego de condiciones indica que la empresa ya ejecutaba las obras principales del Cacco, ya contaba con personal, maquinaria y protocolos de acceso verificados y acreditados ante la Policía Penitenciaria.
Aguilar acogió el criterio del Departamento de Arquitectura, que recomendó adjudicar directamente el contrato a Rapiparedes. El departamento consideró que esa opción era más conveniente para el interés público y desde el punto de vista técnico.
Inauguración del Cacco
El Gobierno inauguró el Cacco el miércoles 14 de octubre, más de dos meses después del plazo prometido.
La cárcel tiene capacidad para albergar a 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos o naves con espacio para 1.020 privados de libertad cada uno.
La construcción del proyecto requirió una inversión de $33.155.897,12, equivalentes a unos ₡16.774 millones.



