Diputados amplían controles contra lavado de dinero a inmobiliarias, abogados y prestamistas

Los diputados aprobaron en segundo debate, con 50 votos, un proyecto de ley que amplía los controles contra el lavado de dinero a inmobiliarias, casas de empeño, prestamistas y comerciantes de metales y piedras preciosas.
La medida también se extiende a abogados, notarios y contadores que realicen transacciones financieras o administren bienes y recursos de sus clientes.
Se trata de una reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, impulsada por el Gobierno del expresiente Rodrigo Chaves.
Nuevas actividades
Con la modificación, se incorporan dichas actividades económicas y profesionales bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Además, se incluye a los proveedores de servicios fiduciarios y a quienes organicen, administren u operen habitualmente subastas para la compra y venta de ganado en pie, tanto presenciales como electrónicas.
La propuesta establece que el Conassif deberá emitir normativa prudencial con un enfoque basado en riesgos y consultar previamente a los sectores regulados. Asimismo, contempla que la Sugef considere el tamaño, la estructura y el volumen de operaciones de cada actividad para determinar las obligaciones de cumplimiento y supervisión.
El proyecto también establece un régimen diferenciado para las organizaciones sin fines de lucro, como fundaciones y asociaciones dedicadas a actividades caritativas, religiosas, culturales, educativas y sociales.
Según el texto, en estos casos, el Conassif determinará cuáles subsectores presentan mayor exposición al riesgo de financiamiento al terrorismo. Las organizaciones comprendidas deberán registrarse ante la Sugef, conservar información sobre donantes significativos y beneficiarios, y establecer políticas preventivas para evitar que sus recursos sean utilizados en actividades ilícitas.
Sin embargo, el texto aclara que estas organizaciones no estarán sujetas a las obligaciones generales de identificación de clientes, identificación de personas políticamente expuestas ni reporte de operaciones sospechosas que corresponden a otros sujetos obligados.
Multas y sanciones
La reforma también modifica el régimen sancionatorio de la ley en cuestión.
Para las actividades reguladas en los artículos 15 bis, 15 ter y 15 quáter, establece multas de entre el 5% y el 50% del monto total de la transacción cuando se incumplan las obligaciones de registro de determinadas operaciones.
También contempla sanciones de dos a 100 salarios base (entre ₡924.400 y ₡46.220.000) por incumplimientos relacionados con controles internos, identificación de clientes, inscripción ante la Sugef y entrega de información a las autoridades.
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, las sanciones serán diferenciadas y podrán ir desde una prevención escrita hasta multas de entre dos y diez salarios base, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción.
La propuesta, además, establece responsabilidades administrativas individuales para directores y altos cargos administrativos y gerenciales cuando se demuestre que incurrieron, por dolo o culpa, en incumplimientos de sus deberes.
Entre las sanciones previstas figuran multas, suspensión del cargo hasta por 90 días, recomendación de destitución e inhabilitación permanente para ejercer puestos similares en instituciones financieras.
Tras su aprobación en segundo debate, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su firma y publicación oficial.